La Fiscalía de Estado anunció que presentará una apelación contra el reciente fallo en la causa por fraude con planes sociales, en el que fueron condenados exfuncionarios y agentes públicos. El tribunal había descartado el delito de asociación ilícita, limitándose a la figura de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Según el organismo, la valoración del tribunal no reflejó de manera adecuada la prueba incorporada, que demostraría la existencia de una estructura organizada y estable, con roles diferenciados y múltiples maniobras destinadas a desviar fondos públicos.
En su apelación, la fiscalía invocará el artículo 210 del Código Penal, que tipifica la asociación ilícita cuando hay planes plurales con fines delictivos.
Entre las prácticas detectadas, se mencionan la emisión de cheques simulados, inclusión de beneficiarios irregulares, certificaciones falsas, utilización de empleados públicos como beneficiarios y extracción de fondos mediante tarjetas de débito obtenidas ilícitamente. Para la acusación, no se trató de hechos aislados sino de un plan articulado.
La Fiscalía también anticipó que pedirá la aplicación del máximo de las penas previstas por administración fraudulenta y que las sanciones sean de cumplimiento efectivo.
El fallo inicial se conoció tras 32 jornadas de audiencia. De los 14 acusados, 12 fueron declarados culpables de fraude agravado y dos resultaron absueltos. El tribunal descartó la asociación ilícita y, por unanimidad, encuadró los hechos en administración fraudulenta.
Ahora, se abrirá una segunda etapa del juicio para definir las penas, en la que las partes podrán ofrecer nuevas pruebas para ser consideradas como atenuantes o agravantes. La sentencia completa estará disponible en un plazo de 20 días.
Fuente: Medios
