El Gobierno de España aprobó este martes un paquete de medidas que amplía hasta 2030 la protección frente a los desalojos de personas en situación de vulnerabilidad y extiende hasta 2028 determinados contratos de alquiler. Las iniciativas fueron impulsadas tras las protestas desencadenadas por el desalojo de Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años que llevaba alrededor de 70 años viviendo en un departamento de Madrid.
El paquete contempla además la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes de 2028, junto con medidas para regular los alquileres temporarios y por habitaciones. Los decretos deberán ser sometidos a votación en el Congreso de los Diputados, en un pleno extraordinario previsto para este viernes.
La medida se conoció después de varios días de movilizaciones en distintas ciudades españolas. En Madrid, cientos de personas instalaron un campamento en la Puerta del Sol para reclamar medidas frente al aumento de los alquileres y los desalojos. Las protestas también se extendieron a otras ciudades, entre ellas Barcelona y Sevilla.
El caso de Maricarmen Abascal se convirtió en el eje de los reclamos. La mujer fue desalojada de su vivienda en el distrito madrileño de Retiro después de que el inmueble pasara a manos de una empresa de inversión y el alquiler aumentara hasta superar sus posibilidades económicas. Tras el desalojo, permanece hospitalizada y se alcanzó un acuerdo que permitiría su regreso a la vivienda, aunque la decisión final depende de su aprobación.
Entre las medidas anunciadas también figura una mayor regulación de los alquileres temporarios y de habitaciones, además de restricciones a determinadas operaciones de fondos de inversión sobre viviendas. El paquete incorpora asimismo medidas fiscales y ayudas vinculadas al acceso a la vivienda.
La ministra de Sanidad, Mónica García, había reclamado públicamente que el Gobierno avanzara con una norma que incluyera protección frente a los desalojos de personas vulnerables, regulación de los alquileres temporarios y por habitaciones y mecanismos para garantizar la continuidad de los contratos.
La situación habitacional generó además diferencias dentro del propio Gobierno y entre las fuerzas que podrían respaldar las medidas en el Parlamento. El Ejecutivo deberá conseguir los apoyos necesarios para que los decretos sean convalidados por el Congreso, donde la aprobación no está asegurada.
La decisión se produce en un contexto de presión social por el aumento de los precios de la vivienda y los alquileres en España, con organizaciones de inquilinos que reclaman una mayor intervención sobre el mercado y nuevas herramientas de protección para los hogares vulnerables.
Fuente: Medios
