El escándalo por la desaparición de armas en la Ciudad Judicial de Roca sumó en las últimas horas un dato que agrava aún más la situación: además de las 114 armas faltantes del depósito judicial, se detectó la ausencia de otras cinco pistolas que estaban resguardadas dentro de una fiscalía. El total asciende ahora a 119 y expone un serio problema en los mecanismos de custodia del propio Poder Judicial.
La causa, que ya generaba fuerte preocupación, escaló en tensión en medio de versiones sobre un posible cambio de jurisdicción. Aunque trascendió que la investigación podría pasar a Cipolletti para garantizar mayor transparencia, fuentes judiciales aclararon que esa decisión aún no fue formalmente adoptada.
Sin embargo, puertas adentro ya se registran movimientos. De manera extraoficial, se conoció que fue designado el jefe de fiscales de Cipolletti, Santiago Márquez Gauna, lo que alimenta las especulaciones sobre un eventual traspaso del expediente.
Más allá de las discusiones sobre la competencia, el foco principal sigue puesto en la desaparición de las armas. Se trata de elementos secuestrados en causas penales que debían permanecer bajo estrictos controles y que hoy no pueden ser localizados.
El hallazgo de cinco pistolas faltantes dentro de una fiscalía profundiza la gravedad del caso. No solo por la cantidad, sino porque revela posibles irregularidades en la cadena de custodia: armas que habrían sido retiradas sin autorización y almacenadas en un espacio no habilitado para ese fin.
La situación impacta de lleno en la estructura interna del Poder Judicial. Hay funcionarios bajo investigación, empleados apartados y una doble vía de análisis: una causa penal en curso y actuaciones administrativas en paralelo.
En este contexto, la posibilidad de trasladar la investigación a otra circunscripción judicial sigue latente, en medio de cuestionamientos sobre la imparcialidad y la necesidad de garantizar transparencia.
Cada avance abre nuevos interrogantes en un caso que ya no aparece como un hecho aislado, sino como un problema estructural que expone fallas graves en los controles y la gestión de evidencia sensible.
Fuente: Medios
