La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado emitió este martes un dictamen que recomienda rechazar la incorporación de la senadora electa de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, señalada por presuntos vínculos con causas de narcotráfico en Estados Unidos. La definición final quedará en manos del pleno de la Cámara el próximo 28 de noviembre, cuando los nuevos legisladores presten juramento.
La oposición logró reunir once firmas para imponer la postura de bloqueo al pliego: ocho del interbloque Unión por la Patria, además del radical Pablo Blanco, la porteña Guadalupe Tagliaferri y el salteño Juan Carlos Romero, habitual aliado del oficialismo libertario y cuya posición generó sorpresa dentro del recinto.
En respuesta, los representantes de La Libertad Avanza intentaron equilibrar la discusión impulsando impugnaciones contra los pliegos de los peronistas Martín Soria y Jorge Capitanich. Sin embargo, esas presentaciones llegaron sobre el cierre y fueron leídas por la oposición como una maniobra sin sustento jurídico. La titular de la comisión, Alejandra Vigo, remarcó que las objeciones a Villaverde estaban ingresadas desde hacía días, a diferencia de las nuevas impugnaciones.
Durante el debate, el oficialismo defendió a Villaverde alegando que las acusaciones se apoyan en publicaciones periodísticas y no en causas penales firmes. El riojano Juan Carlos Pagotto sostuvo una extensa exposición técnica, acompañado por el cordobés Luis Juez, quien criticó “la construcción mediática” del caso.
La oposición, en cambio, insistió en que existen antecedentes contundentes. La riojana Florencia López cuestionó los intentos por frenar el dictamen y repasó conexiones de la legisladora electa con empresarios acusados de narcotráfico y lavado de activos en Estados Unidos. Desde Unión por la Patria, José Mayans advirtió que “no se puede permitir que una banca sea utilizada como escudo político para alguien con vínculos tan graves”.
El salteño Romero fue determinante al diferenciar “acusaciones políticas” de situaciones judiciales concretas en el exterior, y subrayó la necesidad de evitar que la Cámara alta avale casos que podrían erosionar su credibilidad institucional.
La neuquina Silvia Sapag también respaldó el rechazo y recordó que la Constitución habilita a la Cámara a evaluar antecedentes antes de la jura: “Estamos a tiempo de impedir que se legitime un caso que compromete la integridad del Senado”.
Con el dictamen ya firmado, el futuro de Villaverde dependerá de lo que ocurra en la sesión del 28 de noviembre. Si el pleno acompaña la recomendación, la libertaria no podrá asumir su banca.
