El bloque de legisladores del PRO en Río Negro presentó un proyecto de comunicación para solicitar al Gobierno provincial que gestione ante el Ministerio de Seguridad de la Nación la aplicación del procedimiento que permite detectar y bloquear teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios.
La iniciativa, impulsada por el legislador Juan Martin, busca que la provincia adhiera al mecanismo habilitado por la Resolución 734/2026 del ENACOM, que permite bloquear dispositivos móviles utilizados en cárceles a pedido de las jurisdicciones.
El objetivo es evitar que los teléfonos que ingresan o son utilizados dentro de las unidades penitenciarias puedan servir para organizar estafas, coordinar actividades delictivas o impartir órdenes a organizaciones criminales desde las cárceles.
“No podemos seguir permitiendo que desde una celda se planifiquen estafas, se coordinen bandas criminales o se cometan otros delitos contra los rionegrinos cuando existen herramientas tecnológicas para impedirlo”, sostuvo Martin.
Una estafa millonaria volvió a poner el tema en agenda
El planteo del PRO se produce luego de una investigación por una estafa telefónica millonaria contra un jubilado de 72 años.
La pesquisa permitió detectar que parte de la organización criminal operaba desde el Complejo de Ejecución Penal N.º 1 de Viedma, donde fueron secuestrados seis teléfonos celulares, algunos de ellos con tecnología 5G.
Para los legisladores, este tipo de casos demuestra la necesidad de avanzar con herramientas que permitan limitar las comunicaciones ilegales desde las unidades penitenciarias. Desde el bloque recordaron que la propuesta de bloquear las comunicaciones celulares dentro de las cárceles no es nueva.
En 2025, el PRO había presentado el Proyecto de Ley N.º 429/2025, que proponía instalar inhibidores de señal en las unidades penitenciarias provinciales y prohibir el acceso de celulares a las personas privadas de su libertad, con la posibilidad de utilizar teléfonos públicos para mantener las comunicaciones autorizadas. La iniciativa no llegó a ser tratada en las comisiones legislativas.
En 2026, el bloque presentó además el Proyecto de Ley N.º 573/2026, que planteaba considerar que la privación de la libertad incluye no solo la restricción física, sino también determinadas limitaciones en el ámbito digital. Tampoco avanzó en el trámite legislativo.
Qué pide ahora el PRO
El nuevo proyecto plantea que el Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, solicite formalmente la aplicación del Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios.
Además, propone que se adopten las medidas tecnológicas necesarias para implementar el sistema en las cárceles de Río Negro.
“Hace más de un año que venimos planteando esta necesidad y el problema sigue creciendo. Ahora existe una herramienta concreta que Nación ya está utilizando y que puede aplicarse en Río Negro. No hay razones para seguir esperando”, afirmó Martin.
Desde el bloque sostuvieron que el Estado debe utilizar las herramientas tecnológicas disponibles para impedir que las personas privadas de su libertad puedan utilizar teléfonos celulares para cometer delitos.
“Si desde una cárcel se puede cometer un delito, el Estado tiene que tener la decisión y la tecnología necesarias para impedirlo”, concluyeron.
Fuente: Medios.
