El proyecto del Ejecutivo para crear el Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSeC) avanzó este martes en la Legislatura de Río Negro y quedó en condiciones de ser debatido en el recinto durante la sesión del jueves. La iniciativa, que propone reemplazar al EPRE y concentrar la regulación de electricidad, agua potable y desagües cloacales, obtuvo dictamen favorable por mayoría.
La propuesta recibió el respaldo de Juntos Somos Río Negro, UCR, Primero Río Negro y CC-ARI Cambiemos, mientras que los bloques peronistas y Pro Unión Republicana solicitaron 48 horas para definir su posición. Durante el tratamiento, el secretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, defendió la creación de un organismo multisectorial como una herramienta para modernizar el control y mejorar la atención de los usuarios.
Yanotti sostuvo que la unificación permitiría contar con un sistema de reclamos común para los distintos servicios, reducir estructuras administrativas, jurídicas y técnicas duplicadas y fortalecer la regulación tarifaria.
También destacó el uso de herramientas de georreferenciación para controlar obras e inversiones declaradas por las empresas y planteó que la digitalización facilitaría el acceso a los reclamos para habitantes de localidades alejadas.
El proyecto establece que el ERSeC tendrá autarquía e independencia funcional y presupuestaria y estará conducido por un Directorio de tres integrantes, designados por el Poder Ejecutivo por períodos de cuatro años. Entre sus atribuciones estarán la regulación tarifaria, fiscalización, aplicación de sanciones, resolución de reclamos y controversias y control de las inversiones y condiciones de prestación de los servicios.
Durante el debate, distintos legisladores plantearon dudas sobre la autonomía del organismo y la designación de sus autoridades. Luciano Delgado Sempé y Magdalena Odarda reclamaron mayor participación de usuarios, productores y comerciantes, mientras que Daniel Sanguinetti y Fernando Frugoni consultaron sobre el diseño institucional, los costos, las tasas de inspección y el impacto sobre pequeños prestadores. Desde la UCR, Lorena Matzen valoró la separación entre regulación y prestación, mientras que Ariel Bernatene planteó interrogantes sobre las funciones vinculadas al DPA.
También hubo cuestionamientos desde Pro Unión Republicana, donde Juan Martín propuso que la designación de los directores cuente con acuerdo legislativo. Martina Lacour advirtió sobre una posible ampliación de la discrecionalidad del Ejecutivo y preguntó por las audiencias públicas, la tasa de inspección, la eventual incorporación de nuevos servicios y las restricciones para evitar conflictos de intereses.
Por su parte, Leandro García, del Partido Justicialista-Nuevo Encuentro, señaló la necesidad de garantizar expresamente la transparencia y publicidad de las decisiones del futuro organismo.
