La acusación había sido impulsada por un abogado defensor de la provincia, quien cuestionó el desempeño de Rivero cuando se desempeñaba como fiscal en Rincón de los Sauces. Entre otros puntos, sostuvo que había permitido el vencimiento de plazos procesales en cinco causas penales y que dificultaba el acceso de los defensores a los expedientes.
Sin embargo, tras analizar cada uno de los casos señalados —identificados como “Estarli”, “Hernández”, “Cortez”, “Monsalve” y “Barros”—, la Comisión concluyó que las demoras no podían atribuirse exclusivamente a la fiscal.
El organismo destacó que el propio Tribunal Superior de Justicia había reconocido los efectos extraordinarios que tuvo la pandemia de Covid-19 sobre el funcionamiento del sistema judicial, situación que provocó reprogramaciones, retrasos y extensiones de plazos en toda la provincia.
Qué evaluó el Jurado
El presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Gustavo Mazieres, respaldó las conclusiones de la Comisión Especial y sostuvo que no existían elementos suficientes para avanzar con un proceso disciplinario o de remoción contra la fiscal.
Además, se señaló que en ninguna de las causas cuestionadas se había aplicado el mecanismo de cese automático de funciones previsto por la legislación para casos de incumplimientos graves y reiterados de los plazos procesales.
La única excepción fue la causa “Barros”, vinculada a una investigación por abuso sexual simple. En ese expediente, el Tribunal de Impugnación había dispuesto el apartamiento de Rivero en mayo de 2024. Sin embargo, al momento de analizar la denuncia, esa decisión todavía estaba siendo revisada por el Tribunal Superior de Justicia y no contaba con resolución firme.
El Jurado también remarcó que la normativa exige la existencia de incumplimientos reiterados para habilitar un proceso de remoción, requisito que no se verificó en este caso.
La acusación por el acceso a los legajos
Otro de los cuestionamientos planteados por el denunciante apuntaba a supuestas dificultades para acceder a los expedientes de la fiscalía. Según la presentación, los defensores debían solicitar turnos por correo electrónico para consultar los legajos y, en ocasiones, no obtenían respuesta.
Durante el análisis del caso, el fiscal jefe Pablo Vignaroli explicó que ese mecanismo respondía a una organización interna destinada a garantizar el acceso de los abogados, especialmente de aquellos que debían trasladarse desde otras localidades para realizar consultas.
La Comisión consideró razonable ese procedimiento y señaló, además, que el denunciante no había realizado reclamos formales previos por esa situación antes de acudir al Jurado de Enjuiciamiento.
Debate interno y cierre definitivo
La resolución también dejó expuesta una discusión jurídica dentro del propio organismo. Mientras Mazieres sostuvo que los dictámenes de inadmisibilidad de la Comisión Especial tienen carácter vinculante, la mayoría de los integrantes del Jurado entendió que el pleno siempre debe expedirse sobre el fondo de las denuncias.
Esa postura fue respaldada por los vocales Roberto Busamia y Alfredo Elosu Larumbe, los diputados Ludmila Gaitán y Matías Martínez, y los abogados Juan Carlos Teppa y Ana Clara Fraire.
Más allá de esa diferencia interpretativa, todos los integrantes coincidieron en rechazar la denuncia contra Rivero.
Durante la tramitación del expediente, la fiscal fue trasladada a Neuquén capital, donde actualmente integra la fiscalía de Delitos Económicos y Complejos. Entre las investigaciones que lleva adelante figura la causa vinculada a la cooperativa Viento Sur, además de otros expedientes por estafas y delitos patrimoniales.
Con la decisión adoptada este jueves, el caso quedó cerrado de manera definitiva y la funcionaria continuará desempeñando sus funciones sin sanciones disciplinarias.
Fuente: Medios
