El Gobierno de Javier Milei amplió los procedimientos sancionatorios contra 15 empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas que la Argentina considera ilegítimas. Los nuevos expedientes se suman a otros 45 casos ya iniciados, por lo que el universo de investigados asciende a 60 sujetos, entre personas humanas y jurídicas.
La nómina está integrada por ocho compañías y siete personas relacionadas con las petroleras que participan de los proyectos cuestionados, según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo a Noticias Argentinas.
Las medidas se encuadran en las prohibiciones establecidas por la Ley 26.659, que contempla sanciones para quienes intervengan en actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en las Islas sin autorización argentina.
Las empresas alcanzadas
Entre las compañías incluidas aparece Shlomo Eliahu Holdings Ltd., de Israel, identificada como accionista de Navitas Petroleum LP, una de las operadoras del proyecto petrolero Sea Lion.
También fueron alcanzados cuatro accionistas de Rockhopper Exploration PLC: Aberdeen Group PLC y HBOS Investment Fund Managers Ltd., ambas del Reino Unido; SMR Advisors (Monaco) SAM, de Mónaco; y Mizrahi Tefahot Bank Ltd., de Israel.
En el caso de Borders & Southern, el procedimiento apunta contra David Williamson Dobson, también identificado como David Harry Williamson Dobson, quien figura como accionista y presidente no ejecutivo de la compañía.
La lista incorpora además a tres empresas relacionadas con la provisión de infraestructura:
- Bluewater Energy Services BV, de Países Bajos.
- Bluewater Sea Lion Production Company Limited, del Reino Unido.
- Noble Corporation UK Ltd., también británica y señalada como casa matriz de un proveedor estratégico.
Los directivos y accionistas incluidos
El Gobierno también avanzó sobre seis personas vinculadas con Eco, identificadas como accionistas y miembros de su estructura directiva.
La nómina está integrada por Gil Holzman, accionista y director ejecutivo; Keith Hill, accionista y director; Peter Nicol, accionista y director; Alan Friedman, accionista y director; Alice Carroll, accionista y miembro de la empresa; y Gadi Levin, accionista y director financiero.
De esta manera, las medidas no se limitan a las empresas que participan directamente de los proyectos hidrocarburíferos, sino que también alcanzan a accionistas, directivos y proveedores considerados estratégicos.
Qué sanciones prevé el Gobierno
La Oficina del Presidente ya había anticipado que continuaría identificando a todos los actores relacionados con la explotación de recursos en las Islas sin autorización argentina y que iniciaría los correspondientes sumarios administrativos.
En ese marco, el Gobierno sostuvo: “La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó que las sanciones contempladas por la Ley 26.659 pueden alcanzar tanto a las empresas operadoras como a quienes estén vinculados con sus actividades.
Según detalló, las compañías y proveedores relacionados con la exploración o explotación hidrocarburífera en la zona de Malvinas no podrán celebrar acuerdos con el Estado argentino, adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), acceder a beneficios fiscales ni participar de proyectos energéticos como Vaca Muerta.
Con la incorporación de estos 15 nuevos expedientes, el Gobierno busca ampliar el alcance de las sanciones y avanzar sobre toda la cadena de actores vinculados con las actividades hidrocarburíferas que considera ilegítimas en las Islas.
Fuente: Medios
