El Gobierno nacional dispuso una reforma integral del sistema de transporte y comercialización de gas natural, con cambios estructurales que impactarán en la asignación de capacidad de los gasoductos, los costos del servicio y el rol del Estado en el desarrollo de infraestructura.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación Argentina, encabezada por María Tetamanti, y establece una serie de lineamientos para reconfigurar el funcionamiento del mercado gasífero.
El objetivo central de la reforma es reducir la intervención estatal y fomentar la inversión privada, en línea con cambios recientes aplicados en el sector eléctrico.
Reasignación de capacidad y contratos
Uno de los ejes principales es la reasignación de la capacidad de transporte en los gasoductos troncales entre las distribuidoras, junto con una revisión de los costos asociados a las distintas rutas de abastecimiento entre las cuencas productoras y los centros de consumo.
En ese marco, se instruyó a ENARSA y CAMMESA a rescindir contratos de transporte en firme que, según el Gobierno, limitan el uso eficiente del sistema. Entre ellos se incluye el correspondiente al gasoducto Perito Moreno.
Fin de obras públicas y rol del sector privado
Otro punto clave es la baja del programa Transport.Ar, mediante el cual el Estado planificaba la ampliación de los gasoductos troncales. A partir de ahora, estas inversiones quedarán mayormente en manos del sector privado.
Según los fundamentos oficiales, el nuevo esquema responde a cambios estructurales en el sistema energético, principalmente por la consolidación de Vaca Muerta como principal cuenca productora y la modificación en los flujos de transporte tras las obras realizadas en los últimos años.
Impacto en precios y regiones
Especialistas del sector advierten que la reforma podría tener efectos dispares según la región. En particular, se prevé que las provincias del norte enfrenten mayores costos de transporte, ya que deberán absorber el precio completo del traslado del gas desde Vaca Muerta, en un contexto marcado por el declive de la producción local y el fin de las importaciones desde Bolivia.
Al mismo tiempo, la nueva distribución de la capacidad entre las empresas deja distintos escenarios: mientras algunas distribuidoras del centro y el Área Metropolitana de Buenos Aires podrían verse perjudicadas, las del norte tendrían mayor acceso al sistema.
Dolarización del sistema
Otro cambio relevante es la derogación del Decreto 689/2002, dictado durante la emergencia económica, lo que habilita la dolarización de los contratos dentro del sector.
De esta manera, los acuerdos entre productores, transportistas y distribuidoras dejarán de estar nominados en pesos, consolidando un esquema más alineado con variables internacionales.
Un cambio de paradigma
Para analistas del sector, la magnitud de las modificaciones implica una transformación profunda del sistema. “Es como si se desarmara el esquema actual y se volviera a construir desde cero”, señalaron.
En ese sentido, uno de los objetivos estratégicos de la reforma sería potenciar la exportación de gas, en un contexto en el que la Argentina busca posicionarse como proveedor energético a nivel global.
