El Ejecutivo avanza con un proyecto de reforma laboral que busca actualizar la Ley de Contrato de Trabajo y normas complementarias, con el objetivo de reducir la litigiosidad, fomentar el empleo formal y adaptar las relaciones laborales a los nuevos modelos productivos, según un documento preliminar al que accedió medios.
Entre las principales medidas se encuentra la creación de un Régimen de Promoción del Empleo Registrado, que permitiría a los empleadores regularizar relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas. Las empresas que adhieran podrían acceder a condonación de deudas previsionales, multas e intereses, además de la baja del REPSAL, siempre que blanqueen a la totalidad del personal alcanzado.
En materia de registración, el borrador propone centralizar los registros en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y eliminar el capítulo de multas por trabajo no registrado, aunque mantiene la presunción favorable al trabajador ante conflictos judiciales por falta de registración.
El documento redefine el régimen indemnizatorio, estableciendo topes equivalentes a tres veces el salario promedio del convenio aplicable y un piso del 67% del salario normal y habitual. Además, permite que los convenios colectivos reemplacen la indemnización por un fondo de cese laboral sostenido por los empleadores. También se introducen cambios en el artículo 212 sobre enfermedades y accidentes laborales, ajustando criterios de reincorporación y modalidades de indemnización según el tipo de incapacidad.
El borrador contempla un régimen especial para repartidores de plataformas digitales, definidos como “trabajadores independientes”, con obligaciones fiscales y de seguridad social, pero con derechos como rechazar pedidos sin justificación y recibir explicaciones ante bloqueos en la aplicación.
En cuanto a la negociación colectiva y procedimientos de crisis, se refuerza la obligación de negociar de buena fe, se incorporan sanciones por obstrucción y se exige mayor transparencia en la información que las empresas deben brindar a los sindicatos.
Además, se propone una nueva fórmula de actualización de créditos laborales, basada en IPC más un 3% anual, y límites para las causas en trámite, evitando indemnizaciones superiores a las previstas por el esquema. También se analizan beneficios para incentivar la contratación, incluyendo reducciones temporales en contribuciones patronales a la seguridad social.
El proyecto continuará siendo trabajado por el Ejecutivo antes de definir la versión final que será enviada al Congreso.
Fuente: Medios
