El Gobierno presentó la “Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”, una propuesta surgida del Consejo de Mayo que establece un marco legal para garantizar el equilibrio financiero de la Administración Nacional y evitar déficits en el presupuesto.
La iniciativa obliga tanto al Estado nacional como a las provincias y municipios a no exceder sus gastos y fija sanciones para los funcionarios que incumplan estas reglas, incluyendo penas de prisión para quienes aprueben o ejecuten gastos sin respaldo de recursos, y para los directivos del Banco Central que violen las normas de emisión monetaria.
El proyecto establece que el Presupuesto General deberá ser equilibrado o superavitario y prohíbe que se sancionen leyes con resultado financiero deficitario. Si durante la ejecución presupuestaria se detecta una caída de ingresos o un aumento del gasto que amenace ese equilibrio, el jefe de Gabinete podrá aplicar ajustes previa presentación de un Informe de Sustentabilidad Fiscal.
Además, ningún funcionario podrá asumir compromisos de pago que no estén contemplados en el presupuesto vigente, y el Poder Ejecutivo deberá abstenerse de solicitar adelantos transitorios al Banco Central para financiar el gasto primario.
En el Congreso, toda iniciativa que implique gastos o afecte recursos deberá incluir un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo, que será condición para su tratamiento. Las leyes que generen gastos no previstos solo entrarán en vigencia cuando se incorporen las partidas correspondientes al presupuesto del año siguiente, salvo que garanticen una fuente de financiamiento concreta y suficiente.
El proyecto incorpora también un régimen de nulidad para normas que violen estas reglas y sanciones penales: de uno a seis años de prisión para funcionarios que incrementen gastos sin financiamiento, y de tres a diez años para autoridades del Banco Central que ejecuten emisión irregular.
Fuente: Medios
