El Gobierno de Javier Milei avanza en un nuevo Código Penal que propone una reconfiguración profunda del sistema punitivo argentino con una consigna central, terminar con la “impunidad” y cerrar la llamada “puerta giratoria”. El anteproyecto, al que accedió medios, plantea un endurecimiento generalizado de penas, la imprescriptibilidad de delitos graves y fuertes límites a los beneficios penitenciarios.
La iniciativa busca actualizar la legislación penal elevando sanciones, ampliando la lista de conductas que ya no prescriben y restringiendo la posibilidad de reducciones, morigeraciones o libertades anticipadas. Desde el Gobierno sostienen que “la pena debe ser acorde al daño causado” y que el sistema “no puede permitir que reincidentes sigan delinquiendo”.
Endurecimiento generalizado y figuras nuevas
El anteproyecto incrementa los mínimos y máximos de una amplia gama de delitos. El homicidio simple pasaría a penas de 10 a 30 años, mientras que el homicidio agravado, que ya prevé prisión perpetua, sumará nuevos supuestos, como cuando la víctima sea el Presidente, ministros, adultos mayores, menores de 16 o cuando el ataque ocurra en lugares de concurrencia masiva.
Delitos como lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio y pornografía infantil también verán aumentos de pena. En este último caso, el marco penal se elevaría a 3 a 12 años, con agravantes que llevarían el piso a 4 años. Para la posesión con fines de distribución, la pena se ubicaría entre 4 y 12 años.
La reforma incorpora figuras específicas para modalidades delictivas frecuentes: “motochorros”, “viudas negras” y sustracción de dispositivos electrónicos. El robo simple subiría a 3 a 8 años cuando sea con fuerza sobre las cosas y a 3 a 10 años cuando exista violencia sobre las personas.
Delitos que no prescriben
Uno de los cambios más profundos es la eliminación de la prescripción para un amplio grupo de conductas. Según el texto, los delitos especialmente graves “no pueden quedar condicionados por el paso del tiempo”.
Entre los que dejarán de prescribir figuran homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico.
Prisión efectiva y menos beneficios
El Gobierno calcula que, con los nuevos mínimos penales, el 82% de los delitos tendrá prisión efectiva. Se amplía la lista de delitos sin acceso a condena condicional y se restringe la libertad anticipada para homicidios, robos con armas, robo seguido de muerte, delitos dolosos cometidos por funcionarios y reincidentes.
El texto sostiene que quien entra varias veces a prisión “no puede acceder a beneficios anticipados porque demuestra que no modificó su conducta”.
Ejecución inmediata y otros cambios
Las condenas comenzarán a ejecutarse una vez que un tribunal superior rechace el recurso extraordinario federal, sin necesidad de esperar la resolución de la Corte Suprema.
Las perpetuas no tendrán límite temporal, y funcionarios condenados por cualquier delito perderán automáticamente sus jubilaciones de privilegio.
El proyecto también amplía la legítima defensa y otorga mayor intervención a víctimas y familiares en decisiones penitenciarias, especialmente cuando se trate de beneficios que puedan afectarlas.
La Casa Rosada presentará el texto en el marco de las sesiones extraordinarias, en las que buscará dar uno de los movimientos más ambiciosos de su agenda penal.
Fuente: Medios
