El Gobierno Nacional dispuso el cierre de la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación del INTI, medida que generó el rechazo de los trabajadores, quienes convocaron a un abrazo en la sede central del organismo. Además, advirtieron a la población sobre posibles falencias en los controles de productos y servicios esenciales.
Según la Resolución 213, publicada en el Boletín Oficial el último día hábil de 2025, el cierre del área será efectivo a partir del 31 de enero. En ella trabajaban más de 150 técnicos y profesionales encargados de verificar y certificar instrumentos de medición en todo el país.
Los empleados del INTI señalaron que la medida afectará la fiscalización de balanzas en comercios y puertos, surtidores de combustible, radares de tránsito, etilómetros, medidores de agua y energía eléctrica, termómetros clínicos y taxímetros. Advirtieron que, con la eliminación de la dependencia pública, los usuarios perderán la posibilidad de acudir a un ente imparcial para verificar estos instrumentos.
El INTI, explicaron, detentaba la potestad de custodiar los patrones nacionales de medida, garantizando que un metro sea un metro, un litro un litro y un kilogramo un kilogramo, función conferida hace 22 años mediante decreto del Poder Ejecutivo. Su personal científico-técnico y su rol internacional lo posicionaban como tercero imparcial en las transacciones comerciales.
Con la nueva normativa, el control se transferirá a laboratorios y organismos privados acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA). Los trabajadores señalan que, aunque estas entidades ya realizaban verificaciones, el INTI era la opción más elegida por empresas y usuarios por su confiabilidad.
Además, advierten que los costos de verificación se dispararán, mientras un alcoholímetro costaba $140.000 en el INTI, en laboratorios privados podría llegar a $1.200.000, lo que podría desincentivar a municipios a realizar los controles y generar riesgos para la seguridad civil.
Según los empleados, los datos de órdenes de trabajo y facturación del INTI desmienten los argumentos del cierre, que alegan “desburocratización” y eliminación de trabas al comercio.
Fuente: Medios
