El Gobierno nacional suma un nuevo foco de tensión en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), en medio de la interna política que atraviesa a La Libertad Avanza y las diferencias que involucran a figuras como el presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich.
El conflicto se centra en el reclamo de las entidades prestadoras de salud, que advierten sobre atrasos en los pagos, débitos cuestionados y una actualización de aranceles que consideran insuficiente para sostener la atención. Según plantean, la situación compromete el funcionamiento de clínicas y sanatorios que atienden a jubilados y pensionados en todo el país.
Frente a este escenario, en el oficialismo aseguran que habrá una respuesta desde el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, que trabaja en un esquema de refuerzo de fondos y actualización de valores para evitar un deterioro mayor del sistema. El objetivo es sostener la prestación de servicios sin que el conflicto escale a una crisis sanitaria.
Las cámaras del sector advierten que los valores actuales presentan un atraso significativo y que las actualizaciones previstas para los próximos meses serían insuficientes. Señalan además que el sector privado es clave dentro del sistema de salud argentino, ya que concentra más de la mitad de las camas de internación del país, por lo que cualquier desfinanciamiento impacta directamente en la atención.
En paralelo, reclaman la apertura de un canal de diálogo estable y un rediseño del esquema de financiamiento, con reglas más claras, previsibles y acordes a los costos reales del sistema. También piden revisar los mecanismos de auditoría y débitos aplicados sobre las facturaciones.
Desde el Gobierno, en tanto, sostienen que el objetivo es ordenar las cuentas sin desatender la cobertura médica de los afiliados del organismo que conduce Esteban Leguizamo, y aseguran que trabajan en una solución que permita contener las tensiones sin afectar la sustentabilidad del sistema.
Fuente: Medios
