La política de depuración de la administración pública que puso en marcha el gobierno neuquino continúa sumando casos en el inicio de 2026. Esta semana se conocieron dos nuevas expulsiones del Estado, formalizadas mediante decretos firmados el último martes, que alcanzan a un chofer de ambulancia y a un suboficial de la Policía provincial.
El primer caso corresponde a Roberto José Ferrari, quien se desempeñaba como chofer de ambulancia en el Hospital de Picún Leufú “Dra. Nancy Ferrari de Diby”. Sobre él recayó la sanción de cesantía luego de comprobarse que protagonizó un grave accidente vial mientras conducía una camioneta oficial con la licencia de conducir vencida.
Según el expediente administrativo, el hecho ocurrió el 4 de agosto de 2023, alrededor de las 16.45, cuando Ferrari trasladaba pacientes por la Ruta 7 en dirección a Picún Leufú. A la altura del primer puente impactó desde atrás a una Kia Sorento que se encontraba detenida sobre la calzada, lo que derivó en un choque en cadena que involucró también a una Fiat Fiorino y a otros vehículos.
La camioneta oficial, una Nissan Frontier, sufrió daños severos en su parte frontal y quedó inutilizada de manera permanente, de acuerdo al informe técnico incorporado a la causa. Los auditores concluyeron que el agente circulaba a alta velocidad y no respetó la distancia de frenado, evidenciando una grave falta de atención.
Durante la investigación se estableció que la última renovación de su licencia había vencido el 29 de marzo de 2023. Además, uno de los pacientes trasladados —que regresaba de un tratamiento de diálisis— declaró que se encontraba mareado, que el vehículo circulaba a gran velocidad y que, tras el impacto, perdió la visión del ojo izquierdo. Otro paciente debió ser evaluado posteriormente en el hospital Castro Rendón, en la ciudad de Neuquén.
El 20 de noviembre de 2024, la aseguradora rechazó la cobertura del siniestro debido a que el conductor tenía la licencia vencida. En ese marco, el propio Ferrari reconoció su responsabilidad: “Quiero aclarar que me hago cargo de que tenía la licencia de conducir vencida”, consta en el documento oficial.
Desde el Ejecutivo provincial recordaron que el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública establece que todos los agentes deben responder por los daños y perjuicios morales y materiales ocasionados por el uso indebido de bienes del Estado.
El segundo caso involucra a un ex suboficial de Policía, al que el gobierno decidió aplicarle una sanción aún más severa que la cesantía. Se trata de Pedro Vicente Coñoemil, sargento primero retirado, a quien se le revocó el retiro voluntario otorgado en enero de 2022 durante la gestión de Omar Gutiérrez y se lo sancionó con destitución por exoneración.
La medida fue adoptada a pedido de la Jefatura de Policía, luego de que el Poder Judicial confirmara que la condena a siete años de prisión por el delito de abuso sexual contra una menor se encuentra firme. La decisión será comunicada al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) para que actúe en consecuencia.
La exoneración implica la separación definitiva e irrevocable de la fuerza, con la pérdida del estado policial y de todos los derechos inherentes, incluido el del retiro. Con estas resoluciones, el Ejecutivo provincial reafirma su línea de sancionar con dureza las faltas graves y los delitos cometidos por agentes del Estado.
Fuente: Medios
