El Gobierno nacional decidió concentrar en el Senado el tratamiento de los proyectos más controvertidos de su agenda legislativa, entre ellos las reformas vinculadas a discapacidad, salud mental y propiedad privada. La estrategia apunta a iniciar el debate en la Cámara alta, donde el oficialismo asegura contar con una mayoría más sólida para avanzar con las iniciativas.
En ese escenario, el bloque de La Libertad Avanza logró articular acuerdos con espacios dialoguistas, lo que le permitiría reunir entre 40 y 44 votos en distintos proyectos. A ese respaldo podrían sumarse otros legisladores en votaciones específicas, lo que fortalece la posición del oficialismo para impulsar cambios y, en caso de modificaciones en Diputados, retener la última palabra.
Desde fines del año pasado, el Ejecutivo viene enviando al Senado los proyectos de mayor complejidad política, como la reforma laboral, cambios en la Ley de Glaciares y nuevas regulaciones sobre propiedad privada. En los últimos días, se incorporaron además las iniciativas vinculadas a discapacidad y salud mental, que se prevé generarán un amplio debate.
En materia de discapacidad, el proyecto plantea un reempadronamiento obligatorio para quienes perciben pensiones por invalidez laboral, con el objetivo de actualizar su situación médica y socioeconómica. También establece incompatibilidades con el empleo formal y propone un sistema de auditorías periódicas, con cruces de datos entre organismos públicos para verificar el cumplimiento de los requisitos.
Por su parte, la reforma en salud mental introduce cambios en los criterios de atención e internación. Entre otros puntos, otorga mayor peso a la evaluación médica en decisiones clave, mantiene la internación como recurso excepcional pero habilita casos no voluntarios bajo determinadas condiciones, y formaliza la inclusión del consumo problemático de sustancias dentro de las políticas del área.
En cuanto a propiedad privada, el proyecto incluye modificaciones de amplio alcance, como la eliminación de límites para la compra de tierras por parte de extranjeros, con excepción de Estados o entidades vinculadas, la flexibilización de procesos de desalojo y cambios en normativas vinculadas al uso de tierras incendiadas.
Con este paquete de iniciativas, el Senado se encamina a una agenda intensa en los próximos meses, que también incluirá el tratamiento de pliegos y otras leyes. Las propuestas ya despiertan cuestionamientos desde distintos sectores, en un contexto de alta sensibilidad política y social.
Fuente: Medios
