La política de tolerancia cero frente a incumplimientos en la administración pública sumó un nuevo caso en Neuquén. Una auxiliar de servicio de una escuela de Plottier fue despedida luego de que una investigación administrativa determinara que había presentado un certificado médico con modificaciones en el período de reposo. Además de la cesantía, el Gobierno provincial ordenó realizar una denuncia penal para determinar la autenticidad del documento.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución N.º 1522/2026, con la que el Consejo Provincial de Educación (CPE) dispuso la cesantía de Ángela Irene Herrera, quien trabajaba como auxiliar de servicio en la Escuela Primaria Nº 98 de Plottier.
Según consta en la documentación oficial, los auditores consideraron acreditado un incumplimiento de las normas establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo y en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de Neuquén.
Qué detectaron en el certificado médico
La investigación administrativa se inició el 15 de agosto de 2024, después de que la Dirección General de Salud Ocupacional del CPE informara sobre presuntas adulteraciones en la documentación presentada para justificar inasistencias.
Entre las irregularidades detectadas se señalaron tachaduras y falta de claridad en los plazos de reposo indicados en el certificado. A raíz de esas observaciones, el documento fue rechazado y las inasistencias de la agente durante el período cuestionado quedaron sin justificación.
Durante la investigación, la médica que había intervenido reconoció como propia la firma y la confección original del certificado. Sin embargo, aclaró que la anotación que modificaba el período de reposo no había sido realizada por ella y que tampoco correspondía a una modalidad válida de prescripción médica.
También habrá una denuncia penal
Además de confirmar la cesantía, el Ejecutivo provincial instruyó al CPE para que formalice una denuncia ante la Justicia con el objetivo de investigar la autenticidad del certificado médico emitido el 14 de marzo de 2024.
En la resolución, el Gobierno sostuvo que los empleados públicos deben cumplir personalmente con sus funciones y respetar las condiciones establecidas por el Convenio Colectivo de Trabajo y las disposiciones del CPE.
También remarcó que los agentes tienen la obligación de mantener una conducta acorde con la confianza que implica formar parte de la administración pública.
El Ejecutivo consideró que la adulteración de documentación para justificar ausencias laborales no constituye una simple irregularidad administrativa, sino una conducta que afecta los deberes de probidad, buena fe y rectitud exigidos a los empleados estatales.
Por ese motivo, calificó la conducta como de extrema gravedad institucional y sostuvo que la permanencia de la agente en la administración resultaba incompatible con la falta investigada.
La denuncia penal permitirá determinar ahora si efectivamente existió una falsificación o adulteración del certificado y las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder.
Fuente: Medios
