En la causa que investiga una presunta administración fraudulenta de fondos públicos en el Estado neuquino —vinculada a un programa de inserción laboral creado tras la pandemia durante el gobierno de Omar Gutiérrez— surgió un dato que generó fuerte impacto en el proceso judicial: una de las personas que hoy aparece como testigo del Ministerio Público Fiscal es la misma que operaba transferencias de dinero hacia uno de los principales acusados.
Se trata de la expresidenta de la cooperativa Viento Sur, quien inicialmente estuvo imputada en la investigación y luego recibió un “criterio de oportunidad” por parte de la Fiscalía, una figura similar a la del “arrepentido” en el fuero federal. Tras ese acuerdo, pasó a colaborar con los fiscales aportando información sobre el circuito de pagos, los beneficiarios y el presunto uso de fondos públicos para la compra de bienes.
Su testimonio podría convertirse en una pieza clave para la acusación que impulsan el fiscal Pablo Vignaroli y la fiscal Rocío Rivero, quienes buscan demostrar la existencia de una maniobra fraudulenta en el manejo de los fondos del programa. Incluso, la investigación alcanza a dos exfuncionarios provinciales: Abel Di Luca y Germán Chapino, que durante el gobierno anterior estaban al frente del Ministerio de Desarrollo Social y firmaban las adendas del programa.
Desde la defensa de los acusados cuestionan el cambio de rol de la mujer dentro del expediente. El planteo central es que, si efectivamente actuaba bajo presión, nunca denunció esa situación ni presentó pruebas de haber sido obligada a realizar las transferencias. En la causa, aseguran, no aparece evidencia de que haya actuado bajo coacción.
Pagos directos desde la cooperativa
La cooperativa Viento Sur había sido creada como una estructura para canalizar los fondos del programa de inserción laboral, ya que los partidos políticos y organizaciones sociales no podían recibir dinero público de manera directa.
Entre sus integrantes figuraban dirigentes vinculados a distintas organizaciones, entre ellos Diego Mauro, referente del Frente de Organizaciones de Lucha (FOL); la exdiputada del FIT-U Gabriela Supichich; y representantes del Polo Obrero, el Frente Darío Santillán y la CTEP.
Aunque su identidad podría quedar bajo reserva durante el juicio, registros bancarios incorporados al expediente muestran que desde el usuario que utilizaba la expresidenta de la cooperativa se realizaron transferencias directas a Mauro.
Según la investigación, el dirigente del FOL recibió un total de 1.164.682 pesos en 23 transferencias realizadas desde la cuenta de la cooperativa en el Banco Provincia del Neuquén hacia una cuenta del Banco Nación. Los movimientos se registraron entre diciembre de 2022 y junio de 2024, con montos que iban desde los 20.000 hasta los 123.500 pesos.
Durante la audiencia judicial, el fiscal Vignaroli reconstruyó parte del vínculo entre Mauro y la presidenta de la cooperativa. Según la acusación, el dirigente le habría planteado la necesidad de reorganizar la estructura de la organización para continuar con el manejo del programa.
El fiscal también deslizó que la mujer habría estado bajo presión para firmar las transferencias, ya que ese trabajo representaba su única fuente de ingresos. Sin embargo, desde sectores vinculados a la organización sostienen otra versión y plantean que la actual testigo participaba activamente en el funcionamiento interno de la cooperativa.
Un programa creado tras los conflictos sociales
Según la imputación fiscal, Diego Mauro habría tenido un rol central durante los conflictos sociales registrados en la ciudad de Neuquén después de la pandemia, con cortes de calles y rutas que derivaron en negociaciones con el gobierno provincial. Esas conversaciones terminaron dando origen al programa de inserción laboral creado mediante el decreto 1672/2022.
Durante una de las últimas audiencias, el propio Mauro dejó entrever que la creación de ese programa estuvo vinculada a las instancias de mediación que se llevaron adelante en el Ministerio Público Fiscal en medio de los conflictos sociales.
En ese contexto, el gobierno provincial buscaba contener las protestas y garantizar lo que se definía como “paz social”, en un escenario de crisis económica y fuerte presión en las calles.
A partir de ese esquema, la cooperativa Viento Sur comenzó a recibir transferencias de fondos públicos destinados a capacitaciones laborales para personas en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esos recursos no se utilizaron para ese objetivo y que, además, los gastos no fueron debidamente rendidos, pese a las observaciones realizadas por la Contaduría General de la Provincia. Aun así, ese organismo también habría terminado firmando las adendas que permitían la continuidad del programa.
Más de 1.200 millones bajo investigación
La acusación detalla que el programa movilizó más de 1.200 millones de pesos. Según la investigación, una parte de esos fondos se destinó al pago de sueldos a beneficiarios, por un total de 1.093.164.000 pesos.
También se registraron transferencias a cuentas personales de Mauro por 1.164.682 pesos, transferencias a la cooperativa CAE Babylon por 5.216.144 pesos y movimientos hacia cuentas de la propia cooperativa en el Banco Credicoop por 14.170.000 pesos.
La investigación menciona además la compra de terrenos en San Martín de los Andes, Junín de los Andes y en la meseta de Neuquén, donde se habría construido una sede del FOL conocida como “La Bartolina”. También se registraron adquisiciones de vehículos, entre ellos una Renault Kangoo, una Ford F-250 y una camioneta Kia.
Desde la organización sostienen que esos bienes formaban parte de la logística necesaria para sostener el trabajo con cientos de beneficiarios y no para una capitalización personal.
El punto que ahora genera mayor debate en el expediente es el rol de la expresidenta de la cooperativa. Fue una de las personas autorizadas para operar la cuenta bancaria de Viento Sur y, según la imputación, muchas de las transferencias se realizaron desde su usuario.
La Fiscalía sostiene que las órdenes para mover los fondos provenían de Mauro. Pero la defensa cuestiona que haya pasado de imputada a testigo sin que exista un sobreseimiento previo que cierre su situación procesal.
Si finalmente declara en el juicio, su testimonio podría resultar determinante para reconstruir cómo se movieron los fondos públicos del programa y quiénes tomaban las decisiones dentro del esquema investigado.
Fuente: Medios
