El conflicto entre el Gobierno nacional y el gremio de controladores aéreos vuelve a quedar en el centro de la escena este viernes, cuando vence la conciliación obligatoria que había frenado las protestas del sector desde fines de diciembre. La negociación paritaria con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) continúa estancada y reaviva el riesgo de afectaciones en la operación aérea.
La medida administrativa, dispuesta el 23 de diciembre por la Secretaría de Trabajo, logró suspender las acciones impulsadas por la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), pero no permitió cerrar un acuerdo salarial definitivo. Ante ese escenario, está prevista para hoy una nueva audiencia entre las partes, en la que se evaluará la posibilidad de prorrogar la conciliación por cinco días hábiles más.

Desde el sector oficial indicaron que EANA solicitó la extensión del plazo con el objetivo de ganar tiempo para destrabar el conflicto y garantizar la normalidad de los vuelos durante el período de mayor movimiento turístico. En ese marco, remarcaron que la empresa estatal mantiene su disposición al diálogo, aunque cuestionaron la postura del gremio.
Fuentes vinculadas a la negociación señalaron que, al tratarse de un servicio esencial, aun cuando finalice la conciliación obligatoria las eventuales medidas de fuerza no podrían implementarse de manera inmediata y deberían ser notificadas con anticipación, según lo establecen las normativas vigentes.
El conflicto entre EANA y ATEPSA no es nuevo. Durante 2024, el gremio encabezó distintas acciones que incluyeron paros nacionales, protestas focalizadas en vuelos de carga y la suspensión de tareas de capacitación y mantenimiento. En julio, una primera conciliación obligatoria evitó un impacto mayor en las vacaciones de invierno, mientras que en agosto se realizaron tres jornadas de paro tras el fracaso de las negociaciones.

Más adelante, en noviembre, el plan de lucha se intensificó con nueve días de medidas sectorizadas, y en diciembre se avanzó con protestas que afectaron vuelos de pasajeros, lo que derivó en la conciliación que rige hasta hoy.
La disputa también escaló al plano judicial. En los tribunales federales se investigan presuntas irregularidades administrativas vinculadas a un acta paritaria de fines de 2023 y denuncias por posibles afectaciones a la seguridad operacional, a partir de acciones gremiales realizadas en torres de control.
Con el vencimiento de la conciliación, el Gobierno enfrenta una definición clave, sostener la política de ajuste y evitar concesiones salariales, o priorizar la estabilidad del sistema aeronáutico en un contexto en el que los controladores aéreos cumplen un rol técnico esencial y difícil de reemplazar.

Fuente: Medios

