La Justicia avanzó con una nueva etapa de la ejecución patrimonial de la causa Vialidad y ordenó el embargo de 144 propiedades y activos vinculados con los condenados, entre ellos el departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) y apunta a garantizar el decomiso de $685.000 millones, monto establecido en la sentencia firme como reparación por el perjuicio ocasionado al Estado a partir de las maniobras investigadas en la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El nuevo paquete de medidas cautelares alcanza propiedades, vehículos, fondos bancarios y participaciones accionarias de distintos condenados y personas vinculadas a la causa.
El embargo no implica una subasta inmediata
Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso aclararon que la medida tiene carácter cautelar y que no implica la subasta inmediata de los inmuebles ni modifica, por el momento, su titularidad registral.
El objetivo es garantizar la indisponibilidad jurídica de los bienes mientras continúa el procedimiento destinado a determinar el decomiso definitivo, con participación de las partes involucradas.
La decisión corresponde a una segunda etapa de la ejecución patrimonial que se tramita en los tribunales de Comodoro Py.
Qué bienes quedaron alcanzados
En esta nueva fase, el tribunal dispuso medidas sobre 144 activos, entre ellos:
- Propiedades
- Vehículos
- Paquetes accionarios de distintas empresas
- Fondos depositados en entidades bancarias
- Activos vinculados con los condenados y sus grupos económicos
Entre los bienes incluidos aparecen además US$5 millones hallados en una caja de seguridad de Florencia Kirchner en el Banco Galicia.
Como criterio para establecer el alcance de las cautelares, el tribunal tomó en consideración los bienes incorporados por los nueve condenados durante el período comprendido entre 2003 y 2015.
Por qué la medida alcanza a los hijos de Cristina Kirchner
En la resolución, los magistrados señalaron que la sentencia determinó que la maniobra investigada produjo beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner.
Los jueces también destacaron la existencia de una conexión económica y comercial entre los negocios de Báez y los integrantes de la familia Kirchner.
Según la resolución, empresas vinculadas al empresario patagónico alquilaron y realizaron operaciones sobre inmuebles pertenecientes a la familia, tanto de manera directa como a través de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
A partir de esa relación, el tribunal sostuvo que los fondos provenientes de las maniobras investigadas circularon y se incorporaron a activos vinculados con esas sociedades.
Una segunda etapa del decomiso
Esta nueva resolución se suma a una primera etapa de ejecución que comprende 111 propiedades, entre ellas 20 vinculadas con la familia Kirchner y 85 relacionadas con Lázaro Báez.
Esos bienes ya fueron aprobados para su decomiso y actualmente se encuentran bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia, luego de la validación realizada por la Cámara Federal de Casación Penal.
Con las nuevas cautelares, el TOF 2 busca ampliar el universo de activos alcanzados por las medidas y asegurar los recursos necesarios para cumplir con el decomiso establecido en la sentencia de la causa Vialidad.
Fuente: Medios
