Aunque aún no se fijó la audiencia de formulación de cargos, el fiscal jefe Pablo Vignaroli aseguró que el intendente de Plottier, Luis Bertolini, “ya es imputado” en la causa que investiga presuntas irregularidades en contrataciones municipales.
En declaraciones radiales, el fiscal explicó que la próxima audiencia buscará formalizar la investigación, aunque sostuvo que ya cuentan con elementos suficientes para avanzar. “Nos encontramos con un panorama peor del que habíamos imaginado”, afirmó.
Según detalló Vignaroli, hasta el momento se analizó cerca de la mitad de los 180 expedientes secuestrados. Con ese avance, la fiscalía considera que existen pruebas para formular cargos no solo contra el intendente, sino también contra la secretaria de Hacienda y un particular vinculado a las contrataciones.
La causa se inició a partir de la denuncia de un vecino, que advirtió sobre un presunto esquema de excepciones y direccionamiento de contratos.
El mecanismo bajo sospecha
De acuerdo con la investigación, una sociedad vinculada al hijo de una funcionaria —identificada como Valco— no contaba con CUIT, por lo que las facturaciones se realizaban a través de un socio con distintos nombres comerciales. “En dos años se pagaron más de $1.500 millones bajo este sistema”, indicó el fiscal, en base a un informe contable preliminar.
Además, sostuvo que en los expedientes analizados no se habrían respetado los procedimientos legales de contratación. “No se cumplió con la normativa ni con el manual de contrataciones de la Municipalidad”, aseguró.
Entre las irregularidades detectadas, mencionó contrataciones directas o concursos de precios con plazos muy breves, en los que siempre resultaba adjudicado el mismo proveedor.
Sospechas de sobreprecios
Uno de los puntos centrales de la investigación es la posible existencia de sobreprecios. Como ejemplo, Vignaroli mencionó la compra de aires acondicionados: mientras el valor de mercado era de unos $10,5 millones, el municipio habría pagado cerca de $34 millones.
“Se lo contrataba sin importar qué había que comprar”, afirmó el fiscal, quien también señaló que en muchos casos no hay constancia de que los bienes o servicios hayan sido efectivamente entregados.
La fiscalía avanzará con la formulación de cargos, lo que dará inicio formal a la investigación penal preparatoria. Luego, se abrirá un plazo para profundizar la recolección de pruebas antes de una eventual acusación y juicio.
Tras conocerse la causa, Bertolini rechazó las acusaciones y habló de una persecución política. En una conferencia de prensa, sostuvo que las contrataciones se realizaron dentro de los procedimientos administrativos vigentes y que firmó las autorizaciones bajo el “principio de confianza” en sus funcionarios. También indicó que, en caso de detectarse irregularidades, serán analizadas internamente.
Fuente: Medios
