A un año del inicio de la causa que sacudió a la cordillera, la investigación contra Rudnev Konstantin —señalado como presunto líder de una organización dedicada a la captación y explotación sexual de mujeres rusas— sumó un nuevo capítulo. El juez subrogante Gustavo Zapata resolvió extender su prisión preventiva por otros 12 meses, fijando como nueva fecha de vencimiento el 3 de abril de 2027.
La decisión se tomó tras una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal, bajo la órbita de Fernando Arrigo, expuso una serie de medidas pendientes que, según argumentó, impiden elevar el caso a juicio. La resolución fue cuestionada por la defensa, encabezada por Martín Sarubbi, que denunció falta de fundamentos y demoras injustificadas.
Entre los principales obstáculos planteados por la fiscalía aparece la imposibilidad de procesar evidencia digital clave. En particular, un disco rígido de ocho terabytes secuestrado durante los operativos permanece cifrado y sin poder ser analizado, ya que los investigadores no cuentan con el software necesario para desencriptarlo. A esto se suma la falta de dispositivos con capacidad suficiente para almacenar y procesar más de 50 gigabytes de información proveniente de más de 115 equipos electrónicos incautados.
Otro punto crítico es la barrera idiomática. Gran parte del material probatorio está en ruso, lo que obligó a la intervención de traductores oficiales tras cuestionamientos de la defensa sobre la fidelidad de las traducciones. Este proceso, por su complejidad, también impacta en los tiempos de la investigación.
En paralelo, persisten dudas sobre el contenido de las pastillas secuestradas durante los allanamientos. Las pericias químicas aún no lograron determinar con precisión qué tipo de sustancias contienen ni sus efectos. Según explicó la fiscalía, estos análisis deben realizarse en laboratorios especializados de Buenos Aires, lo que implica nuevas demoras.
Fuentes del caso indicaron que la prórroga se fundamentó en la existencia de múltiples medidas en curso, entre ellas el peritaje de dispositivos electrónicos, certificaciones en manos de la DUOF y estudios químicos a cargo de la Policía Federal Argentina. Además, se prevé el envío de pedidos de cooperación internacional para tomar testimonios en Indonesia, Serbia y Rusia, lo que podría extender aún más los plazos.
Desde la defensa, en cambio, cuestionaron duramente estos argumentos. Sarubbi sostuvo que la falta de avances responde a limitaciones del propio Estado y no puede justificar la extensión de la prisión preventiva. “No puede alegarse falta de recursos para restringir derechos”, afirmó, y remarcó que, a su criterio, no existen pruebas directas que comprometan a su defendido.
El abogado también puso en duda la relevancia de la evidencia digital aún no analizada y criticó la falta de estudios sobre los medicamentos incautados, pese al tiempo transcurrido desde el inicio de la causa.
Mientras tanto, la investigación continúa abierta y bajo análisis, en un expediente que sigue acumulando complejidades técnicas y tensiones entre las partes.
Fuente: Medios
