La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes que corresponde al Tribunal Oral Federal 2 llevar adelante la ejecución del decomiso dispuesto en la causa Vialidad contra la ex presidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez, tras desestimar los últimos planteos de las defensas que cuestionaban la competencia del tribunal.
Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña señalaron que corresponde al TOF 2, en conjunto con la fiscalía, llevar adelante la confiscación, que actualizada asciende a 684.990.350.139,86 pesos. Según el fallo, el decomiso abarca no sólo los bienes utilizados para cometer el delito, sino también las ganancias derivadas del mismo, transformándose en un “eslabón central de la investigación penal”.
En su voto, el juez Hornos sostuvo: “Se impone a los magistrados la obligación de proceder a la confiscación no sólo de las cosas que han servido para cometer el hecho delictivo sino también de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho de ese delito”.
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y cumple arresto domiciliario desde que el fallo quedó firme en la Corte Suprema. Báez, en tanto, tiene una condena unificada de 15 años por Vialidad y la causa conocida como “la ruta del dinero”.
La defensa de la ex presidenta había cuestionado la competencia del TOF 2 para concretar el decomiso, argumentando que correspondía al fuero comercial federal. Por su parte, Báez alegó que sus bienes ya estaban cautelados por el Tribunal Oral Federal 4 en la causa por lavado de activos.
Casación desestimó ambos planteos y confirmó que la ejecución del decomiso será responsabilidad del TOF 2, con intervención de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Borinsky enfatizó que la resolución apelada “no vulnera las garantías invocadas, no comporta un exceso de jurisdicción ni se aparta del marco normativo aplicable; por el contrario, se adecua a los principios que rigen la ejecución de penas pecuniarias”.
La ex presidenta fue condenada por direccionar cerca del 80% de la obra pública vial de Santa Cruz a empresas de Báez entre 2003 y 2015. El fallo establece que los condenados deberán cumplir solidariamente con la ejecución del decomiso.
Fuente: Medios
