En el marco de la causa por la estafa con planes sociales en Neuquén, avanza en el fuero procesal administrativo una demanda impulsada por la Fiscalía de Estado con el objetivo de recuperar el dinero sustraído al erario público.
La acción está dirigida contra 17 personas involucradas en la maniobra —la mayoría de ellas ya condenadas en sede penal— y busca la restitución de 153.377.900 pesos a valores históricos, monto estimado del perjuicio ocasionado.
La presentación fue realizada por el fiscal de Estado Raúl Gaitán ante el juez José Carlos Pusterla. En el escrito se sostiene que los fondos desviados estaban destinados a políticas de asistencia social, por lo que la reparación apunta a recomponer el patrimonio estatal afectado.
Asimismo, se argumenta que el derecho del Estado a obtener una reparación integral en casos de corrupción encuentra respaldo en estándares del sistema interamericano de derechos humanos.
Alcance de la demanda
Entre los demandados figuran Orlando Abel Di Luca, Tomás Siegenthaler, Ricardo Nicolás Soiza Curbelo, Pablo Néstor Sanz, Marcos Ariel Osuna, Luis María Gallo, Laura Carolina Reznik, Julieta Mariana Oviedo, Julio Norberto Arteaga, Rodolfo Andrés López, Valeria Honorio, Isabel Montoya, Aaron Escobar, Marines Elizabeth Huaquipan, Ariel Oscar Krom, Omar Rodríguez Quezada y Alfredo Andrés Cury.
Según la presentación, los fondos —destinados a asistir a personas en situación de vulnerabilidad— fueron desviados a través de irregularidades en la tramitación de subsidios dentro del Ministerio de Desarrollo Social, con participación de funcionarios y terceros.
Pedido para convocar al MPN
En el expediente también se analiza un planteo para citar como parte al Movimiento Popular Neuquino (MPN), solicitado por la defensa de uno de los condenados.
La Fiscalía de Estado no formuló oposición formal a esa solicitud, aunque dejó constancia de que la considera improcedente desde el punto de vista jurídico y procesal. La decisión quedará a cargo del juez interviniente.
Próximas instancias en la causa penal
En paralelo, el proceso penal continuará con una nueva instancia ante el Tribunal de Impugnación. Los alegatos fueron fijados para comenzar el 27 de julio y podrían extenderse hasta el 12 de agosto.
En esa etapa se volverá a analizar si los hechos configuran el delito de asociación ilícita, tal como sostienen la fiscalía y el gobierno provincial, o si esa figura no se encuentra acreditada.
Situación de uno de los imputados
Entre los demandados se encuentra Julio Norberto Arteaga, auditor del programa de subsidios, quien no fue juzgado junto al resto por razones de salud.
De acuerdo a la acusación, su intervención habría sido relevante en la aprobación de expedientes sin observaciones. En su descargo, el imputado negó haber participado en la maniobra, sostuvo que no intervino en el cobro de cheques y señaló limitaciones en sus funciones durante la pandemia.
La causa continúa su desarrollo en ambos fueros, mientras el Estado provincial busca avanzar en la recuperación de los fondos y en la determinación de responsabilidades.
Fuente: Medios
