El Gobierno de Río Negro informó a la Legislatura sobre el acceso indebido al legajo del gobernador Alberto Weretilneck y sostuvo que el episodio no implicó una vulneración de los controles de seguridad del sistema provincial. Según las respuestas oficiales, el ingreso se realizó mediante credenciales válidas y debidamente autorizadas.
El requerimiento legislativo fue presentado por el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, junto con otros legisladores del peronismo y representantes del bloque Cambia Río Negro. Las respuestas fueron elaboradas por el Ministerio de Modernización, la Secretaría General y ALTEC.
La empresa estatal de tecnología fue la que aportó mayores precisiones. En su informe, sostuvo que el hecho “no constituye una vulneración de los controles de seguridad, sino un uso indebido de un acceso legítimamente otorgado”.
ALTEC explicó que el episodio se produjo en la denominada “capa de aplicación”, donde funcionan, entre otros mecanismos, los controles vinculados al acceso funcional de los usuarios. La empresa aclaró que esas autorizaciones son definidas y administradas por la Secretaría de la Función Pública y no por ALTEC.
Otro de los puntos destacados de la respuesta es que el acceso no fue detectado por los sistemas de monitoreo automatizado. “El aviso fue de un tercero. No fue detectado por el monitoreo automatizado porque no constituyó una vulneración”, señaló la empresa ante los legisladores.
El Ministerio de Modernización informó que el Gobierno tomó conocimiento de la situación a partir de un aviso recibido. A partir de esa comunicación se activaron los protocolos correspondientes, se preservó la evidencia y se realizó la denuncia.
La Secretaría General también señaló que el episodio fue conocido a partir de un aviso y que, inmediatamente después, solicitó a ALTEC la investigación del hecho.
Qué se sabe sobre el acceso
Los organismos confirmaron que existen registros de trazabilidad tanto en la infraestructura como en la capa de aplicación. Esos registros permitieron identificar el acceso y, según informó ALTEC, fueron entregados a la Justicia.
Sin embargo, las respuestas no precisaron la fecha, la hora ni la cantidad de ingresos al sistema. Según explicaron los organismos, esa información forma parte del expediente judicial y permanece bajo reserva.
Tampoco se dio a conocer la identidad del agente involucrado. La Secretaría General informó el número de la computadora desde la cual se produjo el acceso, pero evitó identificar al empleado debido a la protección de sus datos personales y a que el hecho se encuentra vinculado a una investigación judicial.
El Ministerio de Modernización confirmó además que el documento consultado era un “recibo de haberes de un agente público”. Si bien no identificó al titular, se trata del recibo correspondiente al gobernador, según trascendió.
El Gobierno señaló que ese documento constituye un dato personal protegido por la Ley 25.326 y que puede adquirir carácter de dato sensible si contiene información contemplada por la normativa, como datos vinculados a la afiliación sindical.
Una investigación judicial archivada
El acceso indebido había sido denunciado por el Gobierno provincial el 24 de junio, luego de detectarse el ingreso al sistema informático y a documentación reservada del sistema provincial de gestión de recursos humanos.
La denuncia derivó en una investigación penal que recientemente fue archivada por el juez Adrián Dvorzak, quien consideró que los hechos analizados correspondían a delitos de acción privada. De esta manera, la continuidad de una eventual acción penal quedó en manos del gobernador como particular afectado.
En sus respuestas a la Legislatura, ALTEC volvió a marcar los límites de su responsabilidad dentro del sistema. La empresa aseguró que no administra los usuarios, no otorga ni revoca permisos, no define el alcance funcional de los accesos, no determina el cronograma de implementación, no clasifica la información registrada ni es titular de la base de datos.
Según ALTEC, esas facultades corresponden a la Secretaría de la Función Pública, al organismo responsable y al titular de la información registrada en el sistema.
Fuente: Medios
