En una resolución clave para la memoria histórica y la reparación de delitos cometidos durante el terrorismo de Estado, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca confirmó el procesamiento de los exmilitares Sergio Adolfo San Martín (83) y Jorge Héctor Di Pasquale (78) por la apropiación ilegal del edificio Torre de Periodistas I, ubicado en la intersección de avenida Argentina y Periodistas Neuquinos, en pleno centro de la ciudad de Neuquén.
Ambos exintegrantes del Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército Argentino están acusados de allanamiento ilegal, robo y defraudación por administración fraudulenta, en el marco de delitos de lesa humanidad.
La decisión del tribunal, presidido por el juez Richar Fernando Gallego, ratificó el fallo del Juzgado Federal N°2 de Neuquén, a cargo de Gustavo Villanueva, y rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de los imputados. Además, se fijó un embargo de 25.280.000 pesos sobre los bienes de cada uno para garantizar eventuales penas e indemnizaciones.
La historia detrás de la Torre de Periodistas
La Torre de Periodistas I fue un proyecto habitacional iniciado en 1972 por la Cooperativa de Vivienda del Periodista Limitada de Neuquén, integrada por trabajadores de prensa de la región. Durante años, los socios realizaron aportes mensuales al Banco Hipotecario Nacional para financiar la construcción de los departamentos.
Sin embargo, el 24 de marzo de 1976, día del golpe de Estado, vehículos militares del Ejército irrumpieron en el edificio, secuestraron documentación y desplazaron ilegalmente a la comisión directiva de la cooperativa.
La sede fue trasladada por la fuerza al Comando de la VI Brigada de Infantería y se designó como interventor al mayor Ulises Normando Baca Cau, hoy fallecido.
Desde ese momento, los militares eliminaron de los registros a los adjudicatarios originales y se apropiaron de las viviendas en construcción. Posteriormente, vendieron o simularon vender al menos 21 departamentos a integrantes del Ejército, Gendarmería y Policía Federal, con la intervención del Banco Hipotecario, que también se encontraba bajo control del régimen.
Robo sistemático y persecución
El edificio de 14 pisos fue despojado de sus legítimos dueños. El Ejército se adjudicó 15 departamentos, la Gendarmería tres y la Policía Federal dos. También se vendieron dos terrenos pertenecientes a la cooperativa: uno destinado a un centro cultural comunitario y otro proyectado para cocheras. Ninguno de los socios originales recibió compensación.
La investigación judicial sostiene que la maniobra no fue solo económica, sino que se inscribió en un contexto de persecución ideológica contra periodistas locales. Varios de los integrantes de la cooperativa fueron amenazados, detenidos o forzados al exilio.
Entre los casos mencionados en la causa figura el de la periodista Marta Echeverría, quien estaba embarazada al momento del golpe y fue secuestrada, golpeada y amenazada de muerte. También el del presidente de la cooperativa, Enrique Pedro Oliva, quien fue incluido en listas negras del Ejército y debió exiliarse en Francia.
Delitos que no prescriben
El juez Villanueva consideró que los hechos investigados son imprescriptibles por tratarse de delitos de lesa humanidad. Según la resolución, la apropiación de la Torre de Periodistas formó parte del plan sistemático de represión ideológica desplegado por la dictadura militar.
San Martín acumula seis condenas previas por delitos de lesa humanidad, incluida una prisión perpetua en la causa “Taffarel”. Di Pasquale, en tanto, registra ocho condenas y también recibió perpetua en distintos procesos. Actualmente permanece detenido en la Unidad 34 de Campo de Mayo, mientras que San Martín cumple prisión domiciliaria.
Otros implicados en la causa fallecieron antes del avance judicial, entre ellos Luis Farías Barrera y Jorge Molina Ezcurra. En tanto, Oscar Reinhold, exjefe de Inteligencia de la VI Brigada, fue apartado del proceso por incapacidad.
La confirmación del procesamiento representa un nuevo avance en el camino hacia la verdad y la reparación para los periodistas que construyeron el proyecto habitacional y fueron despojados durante la última dictadura.
Fuente: Medios
