La licitación de baños modulares para la Feria Municipal de Viedma quedó bajo análisis del Tribunal de Cuentas luego de una denuncia presentada por el concejal Julián Algañaraz, quien advirtió un presunto conflicto de intereses en la adjudicación a la empresa Módulos Patagónicos SAS, vinculada —según la presentación— al cuñado del intendente Marcos Castro.
El edil también cuestionó el procedimiento administrativo al señalar que entre las dos ofertas admitidas existía una diferencia de apenas $31.842, aunque finalmente la contratación fue adjudicada por $45,3 millones, un monto superior al presupuesto oficial. Además, sostuvo que no se aplicó el mecanismo de mejora de oferta recomendado por la Contaduría Municipal.
Tras el requerimiento del Tribunal de Cuentas, el Ejecutivo Municipal presentó un descargo firmado por el intendente Castro y la jefa de Gabinete, María Eugenia Serra. En el documento no se niega la existencia del vínculo familiar mencionado, aunque se sostiene que el proceso se realizó respetando las normas de Ética Pública y sin afectar los recursos del Estado.
La respuesta oficial tampoco brinda explicaciones sobre otros puntos cuestionados por la oposición, entre ellos la ausencia de una mejora de oferta, la adjudicación por encima del presupuesto previsto, los adicionales incorporados durante la ejecución de la obra, la inclusión posterior de un depósito y la demolición de los sanitarios existentes en la Feria Municipal.
En paralelo, la jefa de Gabinete calificó las denuncias como “una de las expresiones más bajas de la política local” y aseguró que el concurso de precios se desarrolló con “absoluta normalidad y transparencia”, atribuyendo los cuestionamientos a una estrategia política para afectar la imagen institucional del intendente.
La controversia también generó repercusiones políticas. El dirigente peronista Pablo Barreno criticó duramente la contratación y afirmó que resulta “inaceptable” que se utilicen recursos públicos en medio de las dificultades económicas que atraviesan muchos vecinos. Además, sostuvo que las explicaciones brindadas por el Ejecutivo no despejan las dudas planteadas.
Con la documentación presentada por ambas partes, el Tribunal de Cuentas deberá resolver ahora si corresponde abrir una investigación formal, impulsar un sumario administrativo, solicitar nuevas medidas o archivar las actuaciones relacionadas con la contratación de los baños modulares.
