En línea con la política de tolerancia cero frente a hechos de corrupción, el gobierno de Neuquén rechazó el reclamo administrativo presentado por Tomás Siegenthaler, excoordinador de Administración del entonces Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Omar Gutiérrez, quien pretendía recuperar los haberes retenidos antes de ser exonerado de la administración pública.
Siegenthaler fue uno de los condenados en la causa conocida como los planes sociales, en la que la Justicia acreditó el desvío de fondos públicos destinados a asistir a familias en situación de vulnerabilidad. En el mismo expediente también fueron condenados el exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, y el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza. Los tres recibieron una pena de cinco años de prisión efectiva.
El 8 de diciembre de 2025, el exfuncionario presentó un recurso administrativo para solicitar el levantamiento de la suspensión preventiva con retención de haberes que se le había impuesto antes de su despido. Además, pidió ser reincorporado a su cargo y que se le abonaran en forma retroactiva los salarios retenidos, junto con aportes previsionales, sociales e intereses.
Tras pasar por las distintas instancias administrativas, el planteo fue finalmente rechazado por el gobernador Rolando Figueroa, quien confirmó la decisión de no hacer lugar a ninguno de los pedidos.
En los fundamentos de la resolución se señaló que la situación del exfuncionario ya no estaba alcanzada por una medida preventiva, sino por una sanción disciplinaria de exoneración, aplicada luego de comprobarse su responsabilidad administrativa.
“Desde esa perspectiva, la pretensión de levantamiento de la suspensión preventiva y retorno a las tareas habituales ha devenido improcedente, toda vez que la relación de empleo público quedó alcanzada por los efectos propios del acto administrativo que dispuso la exoneración”, sostiene la documentación oficial.
Asimismo, el Gobierno remarcó que acceder al reclamo implicaría una consecuencia jurídicamente inadmisible. “No puede dejar de mencionarse que la solución contraria conduciría a un resultado jurídicamente irrazonable y materialmente disvalioso, pues implicaría reconocer el pago íntegro de haberes retenidos a favor de un agente cuya responsabilidad administrativa fue acreditada por hechos de extrema gravedad institucional, con perjuicio directo al patrimonio estatal y afectación de fondos que tenían por finalidad atender situaciones de vulnerabilidad social”, señala la resolución.
Qué reclamaba Siegenthaler
En su presentación, el exfuncionario sostuvo que se había vulnerado el principio de legalidad y solicitó que se dejara sin efecto la suspensión preventiva, se ordenara su reincorporación y se le abonaran los haberes, aportes sociales y previsionales desde el 1 de mayo de 2024, además de los intereses correspondientes.
Sin embargo, la administración provincial recordó que Siegenthaler fue exonerado, la sanción más grave prevista para un empleado público, luego de acreditarse su participación en una organización que desvió fondos estatales destinados a programas de asistencia social.
Los hechos investigados por la Justicia ocurrieron entre 2020 y 2022, durante la gestión del entonces gobernador Omar Gutiérrez, período en el que, según la sentencia, se desviaron recursos que debían destinarse a personas en situación de vulnerabilidad.
Fuente: Medios
