La pesquisa quedó a cargo del fiscal Víctor Salgado, quien hizo lugar al planteo presentado por la querella, encabezada por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, representante del sindicato. El pedido sostenía que aún restaban diligencias fundamentales para determinar la existencia de la presunta maniobra.
El eje de la investigación continúa siendo el médico identificado como M.G., acusado de confeccionar informes médicos apócrifos que habrían sido incorporados a demandas iniciadas contra la aseguradora MEOPP, la ART del sindicato. Según la denuncia, esos documentos certificaban incapacidades y enfermedades profesionales que nunca habrían sido constatadas mediante exámenes presenciales.
Sospechas sobre un mismo circuito
La causa también apunta a la posible existencia de un mecanismo organizado. Los siete trabajadores involucrados pertenecían a la misma cuadrilla laboral y todos habrían sido representados por abogados del mismo estudio jurídico, quienes también quedaron bajo la lupa de la fiscalía.
Durante la investigación anterior ya se había allanado el consultorio de medicina laboral del profesional investigado, ubicado en la ciudad de Neuquén.
Uno de los principales elementos aportados por la querella es que el médico afirmó haber realizado evaluaciones a distancia mediante plataformas virtuales o a través de terceros. Sin embargo, los denunciantes sostienen que los propios trabajadores declararon ante un escribano, una médica y un auditor de la ART que nunca conocieron al profesional ni fueron examinados por él. Esas declaraciones fueron incorporadas a una escritura pública firmada en julio de 2025.
Además, la documentación reunida indicaría que, en las fechas en las que supuestamente se practicaron las revisaciones médicas, los trabajadores se encontraban desempeñando tareas en el yacimiento El Portón, en Buta Ranquil, para la empresa OIL MYS SA.
En algunos casos puntuales, como los de trabajadores de apellido Méndez y Costa, la denuncia sostiene que solo tuvieron contacto con tres abogados antes de que aparecieran informes médicos firmados por un profesional al que nunca habrían visto.
Pericias sobre celulares y expedientes
Tras la reapertura de la causa, el fiscal ordenó una batería de nuevas medidas de prueba. Entre ellas dispuso mantener secuestrados el teléfono celular y la computadora del médico para realizar pericias informáticas que permitan verificar si existieron comunicaciones mediante Zoom, Google Meet, WhatsApp o videollamadas con los siete trabajadores.
También se analizará la geolocalización de los dispositivos para determinar dónde se encontraban el médico y los trabajadores en las fechas en que supuestamente se realizaron las evaluaciones.
La fiscalía solicitó además el secuestro de los teléfonos celulares de los demandantes y de los abogados que los representaron, junto con toda la documentación vinculada a los expedientes laborales.
La presunta maniobra
La denuncia presentada por el sindicato sostiene que la ART ya sufrió perjuicios económicos en dos causas anteriores y que existían otros siete expedientes judiciales con un patrón similar.
Según la presentación, los trabajadores denunciaban enfermedades profesionales inicialmente rechazadas por la ART y luego iniciaban demandas acompañadas por informes médicos presuntamente falsificados, todos atribuidos al mismo profesional.
La querella sostiene que las entrevistas realizadas permitieron establecer que los trabajadores continuaban prestando servicios mientras, al mismo tiempo, figuraban con incapacidades que en algunos casos alcanzaban o incluso superaban el 100%.
Para los denunciantes, la maniobra podría configurar delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos, uso de instrumentos falsos y estafa procesal, al intentar inducir a error a la Justicia laboral para obtener condenas económicas contra la aseguradora.
Expedientes por más de USD 1,8 millones
Como parte de la nueva etapa de la investigación, la fiscalía solicitó al Juzgado Civil de Chos Malal el préstamo de los siete expedientes laborales mencionados en la denuncia para incorporarlos al legajo penal.
Las demandas en análisis reúnen reclamos que, según la presentación judicial, equivalen a unos USD 1,8 millones, con porcentajes de incapacidad que van del 54% al 120%.
Con la decisión del fiscal Salgado, la investigación quedó formalmente reactivada y buscará establecer si existió una organización destinada a obtener indemnizaciones mediante certificados médicos presuntamente apócrifos o si las nuevas pericias permiten descartar las irregularidades denunciadas.
Fuente: Medios
