La Justicia de Bariloche confirmó la prisión preventiva de un hombre imputado por el homicidio de Diego Antonio Cid, ocurrido en febrero de este año, al considerar que continúan vigentes los riesgos procesales que motivaron su detención.
La decisión se conoció luego de una audiencia en la que la defensa particular solicitó revocar la medida cautelar y disponer la libertad del acusado o, de manera alternativa, concederle el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
La defensa pidió la libertad
Durante la audiencia, la defensa argumentó que nuevas medidas incorporadas a la investigación respaldan la versión brindada por el imputado sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
Entre otros puntos, hizo referencia a resultados periciales vinculados con rastros de disparo de arma de fuego hallados en la víctima y sostuvo que esos elementos debían ser considerados al momento de evaluar la continuidad de la prisión preventiva.
Asimismo, remarcó que el acusado se presentó voluntariamente ante las autoridades, colaboró con la investigación y no registra antecedentes penales, por lo que entendió que no existen riesgos procesales que justifiquen mantenerlo detenido.
La Fiscalía se opuso
El fiscal jefe Martín Lozada rechazó el planteo y sostuvo que los nuevos elementos reunidos durante la investigación no modifican los fundamentos que llevaron a imponer la medida cautelar.
Según indicó, las evidencias incorporadas podrán ser analizadas durante el avance del proceso judicial, pero no alteran la existencia de elementos de convicción suficientes respecto del hecho investigado y de la participación atribuida al imputado.
Además, Lozada afirmó que siguen vigentes los riesgos procesales que justifican la prisión preventiva.
Entre ellos mencionó el riesgo de fuga, vinculado a la conducta desplegada por el acusado tras el hecho, y el peligro de entorpecimiento de la investigación, debido al conocimiento que posee sobre testigos que aún deben prestar declaración.
Rechazaron medidas alternativas
La Fiscalía también se opuso a la posibilidad de aplicar medidas menos gravosas, como el arresto domiciliario, restricciones de acercamiento o monitoreo electrónico.
Según se argumentó, esas alternativas no resultan suficientes para neutralizar los riesgos procesales identificados en la causa.
Tras analizar los planteos de ambas partes, la Justicia resolvió ratificar la prisión preventiva, por lo que el imputado continuará detenido mientras avanza la investigación por el homicidio de Diego Antonio Cid.
