La instancia de negociación concluyó sin acuerdo y el diferendo, centrado en cuatro despidos dispuestos por el Ejecutivo municipal, quedará ahora sujeto a definiciones por la vía judicial.
La disputa se arrastra desde hace varias semanas y tiene como eje las cesantías de trabajadores que, según el municipio, acumularon inasistencias injustificadas y no lograron acreditar motivos suficientes durante los sumarios administrativos iniciados en cada caso.
En representación del gremio participaron la secretaria general Vanesa Yevenes, el secretario adjunto Horacio Juárez, el secretario gremial Gustavo Herrera y el abogado Federico Egea. Por parte del Ejecutivo estuvo presente el subsecretario de Recursos Humanos, Mariano Brage.
Sin acercamiento entre las partes
De acuerdo con el acta de la audiencia, la autoridad laboral dejó constancia de que no existió posibilidad de acercamiento entre las posiciones del municipio y el sindicato.
Durante el encuentro, el Ejecutivo informó que el intendente Esteban Cimolai aceptó la renuncia por motivos de salud del entonces secretario de Agua y Saneamiento y asumió transitoriamente la conducción del área hasta la designación de un reemplazante.
La decisión respondía a uno de los planteos que el gremio venía realizando desde hacía tiempo, aunque no modificó la postura oficial respecto de los despidos. También se confirmó la continuidad de un sumario administrativo contra el subsecretario del área.
El reclamo del sindicato
El principal punto de conflicto sigue siendo la situación de los cuatro trabajadores cesanteados. Desde el SOEMC rechazaron cualquier posibilidad de acuerdo y denunciaron que dos de los despedidos se desempeñaban como delegados sindicales.
Según sostuvo el gremio, el municipio avanzó con las desvinculaciones sin promover previamente el procedimiento de exclusión de tutela sindical que exige la legislación laboral para remover a representantes gremiales.
La organización también cuestionó la falta de respuestas ante denuncias de violencia laboral que, según afirmaron, fueron presentadas oportunamente.
Ante el fracaso de la conciliación, el sindicato solicitó y obtuvo la denominada “libertad de acción”, mecanismo que le permite definir nuevas medidas de fuerza una vez agotada la instancia obligatoria de negociación.
La respuesta del municipio
Horas después de la audiencia, la Municipalidad de Centenario difundió un comunicado en el que ratificó la legalidad de las cesantías y negó que se trate de una persecución sindical.
Según explicó la gestión de Cimolai, los cuatro despidos fueron el resultado de sumarios administrativos en los que se garantizó el derecho de defensa de los agentes involucrados, permitiéndoles presentar descargos, pruebas y documentación vinculada a situaciones personales, familiares o de salud.
El Ejecutivo sostuvo que, una vez concluida la investigación, no surgieron elementos que justificaran las ausencias prolongadas que motivaron las sanciones.
El argumento salarial
En el mismo comunicado, el municipio defendió su política salarial y aseguró que los haberes de los trabajadores registraron una recuperación superior a la inflación durante la actual gestión.
Según los datos difundidos oficialmente, entre enero de 2024 y abril de 2026 la inflación acumulada alcanzó el 271,43%, mientras que los salarios municipales crecieron un 410,68%.
La administración de Cimolai afirmó que esa diferencia representa una mejora del poder adquisitivo superior a los 139 puntos porcentuales y la presentó como parte de una política de jerarquización del empleo municipal.
Asimismo, reiteró su respeto por la actividad sindical y recordó que las cesantías pueden ser revisadas a través de los mecanismos administrativos y judiciales correspondientes.
Con la conciliación obligatoria agotada y sin acuerdo, el conflicto quedó abierto. Mientras el gremio analiza nuevas medidas de fuerza, la definición sobre la legalidad de los despidos podría trasladarse ahora a los tribunales.
Fuente: Medios
