La iniciativa fue impulsada por la legisladora Roberta Scavo, del bloque ARI-Cambiemos, junto a Fernando Frugoni y otros parlamentarios que acompañaron la propuesta durante el debate legislativo.

Según explicó la autora, el objetivo no es prohibir la tecnología en las aulas, sino garantizar que su utilización tenga una finalidad educativa y evitar efectos negativos sobre el aprendizaje y la convivencia escolar.
“El uso de dispositivos como celulares, relojes inteligentes o tablets solo se admitirá cuando tenga una finalidad pedagógica, de accesibilidad, de salud o de emergencia”, señaló Scavo.
Cómo serán las restricciones según cada nivel educativo

El proyecto establece criterios diferenciados de acuerdo con la edad de los estudiantes.
En el Nivel Inicial, el uso de dispositivos estará restringido durante toda la jornada escolar, salvo en situaciones vinculadas a salud, accesibilidad o emergencias, siempre bajo supervisión docente.
En el Nivel Primario, los estudiantes no podrán utilizar dispositivos personales durante el horario escolar, excepto cuando formen parte de actividades pedagógicas específicas previamente planificadas por el docente y comunicadas a las familias.
Por su parte, en el Nivel Secundario, los alumnos solo podrán utilizar celulares, tablets u otros dispositivos cuando el docente lo autorice como parte de una actividad educativa. Fuera del aula, el uso quedará sujeto a los Acuerdos Escolares de Convivencia de cada institución.
Límites para el uso de Inteligencia Artificial
Uno de los puntos más novedosos de la iniciativa es la incorporación de reglas específicas para el uso de herramientas de Inteligencia Artificial generativa.
La normativa establece que la IA no podrá utilizarse cuando reemplace de manera indiscriminada la producción intelectual de los estudiantes, impida evaluar la comprensión de los contenidos o facilite prácticas de plagio que afecten la integridad académica.
Además, cuando un docente autorice el uso de estas herramientas en trabajos o actividades, deberá definir claramente qué tareas pueden realizarse con asistencia tecnológica, qué partes deberán ser elaboradas por los estudiantes y cuándo será obligatorio informar que se utilizó una herramienta automatizada.
El proyecto toma como referencia recomendaciones de organismos internacionales como la UNESCO y la OCDE, que advirtieron sobre los efectos negativos del uso excesivo de pantallas sin orientación pedagógica en áreas como la comprensión lectora y las matemáticas.
También incorpora medidas para prevenir situaciones de ciberacoso, prohibiendo la grabación, fotografía o difusión de imágenes y audios dentro de los establecimientos educativos sin autorización.
La propuesta garantiza, además, que las restricciones no afectarán a estudiantes que requieran tecnología por motivos de accesibilidad, comunicación o monitoreo médico.
Finalmente, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos deberá realizar evaluaciones periódicas sobre el impacto de estas medidas y presentar un informe anual ante la Legislatura.
Fuente: Medios

