La Cámara en lo Penal de Esquel confirmó la condena de seis años de prisión contra el policía Juan Emilio Llaipén, acusado de extorsionar a un detenido para obligarlo a transferir una camioneta mientras se encontraba alojado en una dependencia policial.
El tribunal rechazó los planteos presentados por la defensa y ratificó íntegramente la sentencia dictada en primera instancia, respaldando la investigación desarrollada por el Ministerio Público Fiscal.
Según quedó acreditado en el juicio, el efectivo aprovechó su condición de funcionario policial para presionar a un hombre que se encontraba bajo prisión preventiva y forzarlo a firmar documentación vinculada a la transferencia de una Toyota Hilux.
La amenaza dentro de la celda
De acuerdo con la reconstrucción judicial, el hecho ocurrió dentro de los calabozos de una comisaría, donde el detenido permanecía alojado.
La investigación determinó que Llaipén ingresó a la celda, exhibió su arma reglamentaria y lanzó una amenaza directa para obligar a la víctima a concretar la operación.
“Te doy dos opciones: o firmás o firmás. Si no lo firmás, te voy a meter una paliza y te voy a mandar al pabellón 1”, habría sido la frase utilizada por el uniformado para conseguir su objetivo.
Para la Justicia, esa conducta configuró el delito de extorsión agravada por el abuso de su condición de funcionario público.
Las pruebas que sostuvieron la condena
Al analizar el recurso de apelación, los jueces consideraron que existían numerosas pruebas que respaldaban la sentencia.
Entre los elementos valorados figuraron registros de cámaras de seguridad, comunicaciones vinculadas a la maniobra investigada, movimientos de dinero y documentación relacionada con la transferencia del vehículo.
También fue clave la declaración de una escribana que detectó irregularidades durante el trámite utilizado para concretar la cesión de la camioneta.
Además, la investigación estableció que, tras la operación, el policía habría recibido una transferencia de 500.000 pesos mediante Mercado Pago.
Un fallo que apunta al abuso de autoridad
En su resolución, la Cámara destacó especialmente la gravedad institucional del caso al tratarse de un integrante de la fuerza policial que utilizó su posición de poder sobre una persona privada de la libertad.
Los magistrados entendieron que el condenado actuó con la intención de obtener un beneficio económico indebido aprovechando su función y la vulnerabilidad de la víctima.
Con el rechazo de la apelación, la condena quedó firme en esta instancia y refuerza el criterio judicial respecto de la responsabilidad de los funcionarios públicos cuando utilizan su cargo para cometer delitos y vulnerar derechos bajo su custodia.
