Un hombre condenado por trata de personas con fines de explotación laboral consiguió autorización judicial para salir de su domicilio y trabajar en uno de sus comercios de San Martín de los Andes, pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal.
Se trata de Ronald Alcides Viza Cruz, quien cumple una pena de cinco años de prisión por hechos investigados desde 2016 y que tuvieron como víctimas a dos mujeres de nacionalidad boliviana captadas para trabajar en condiciones de explotación.
Actualmente, el condenado se encuentra bajo la modalidad de prisión domiciliaria y, tras cumplir parte de la condena, comenzó a gestionar distintos beneficios ante la Justicia. El más reciente fue el pedido de salidas laborales para desempeñarse en un negocio de su propiedad.
Una investigación que comenzó tras una consulta médica
La causa judicial se inició en 2016 y también involucró a la esposa de Viza Cruz. Ambos se habían radicado en Argentina en 2007 y posteriormente se instalaron en San Martín de los Andes, donde administraban tres locales comerciales.
La situación salió a la luz luego de que una de las trabajadoras concurriera al hospital local por un fuerte dolor estomacal.
Durante el juicio realizado en 2019, el fiscal recordó que la mujer llegó al centro de salud por sus propios medios, sin acompañamiento de sus empleadores.
“Los imputados no la acompañaron ni le dijeron dónde estaba el hospital. Ella llegó preguntando a la gente en la calle. Cuando volvió a la casa, la imputada se enojó porque ella le comentó que en el hospital había dicho donde trabajaba, le refirió que tendría que haber dicho que era turista”.
Para la acusación, ese episodio evidenció el intento de ocultar las condiciones en las que se encontraban las víctimas.
Días después se realizó un allanamiento que permitió rescatar a las trabajadoras y detener al matrimonio, que posteriormente fue imputado por el delito de trata laboral.
Promesas incumplidas y salarios retenidos
Durante el proceso judicial se determinó que las mujeres habían sido contratadas bajo la promesa de percibir un salario mensual de 600 dólares, aunque ese monto nunca les fue abonado de manera completa.
Según se acreditó en el expediente, las empleadas recibían dinero únicamente cuando solicitaban fondos para enviar a sus familiares en Bolivia, mientras que el resto de sus ingresos era retenido por los empleadores.
En la sentencia, el Tribunal Oral Federal (TOF) concluyó:
“Las víctimas realizaban tareas y no percibían a cambio la remuneración que por ley les correspondía, siendo la metodología una ilegítima imposición del patrón a sus empleados, no pactada de manera previa con las víctimas”.
La fiscalía también sostuvo que el matrimonio reclutaba trabajadores en Bolivia mediante avisos publicados en medios gráficos.
“Acá se trata de dos mujeres en condiciones de precariedad, a quienes les ofrecen un trabajo y ven la posibilidad de juntar dinero para sus hijos. Aceptan y viajan en distintos momentos junto a sus patrones. Cuando llegan acá, esas condiciones originales cambian”, destacó en su acusación el representante del Ministerio Público Fiscal.
La condena y el nuevo beneficio
Tras el juicio, el Tribunal Oral Federal encontró culpable a Ronald Alcides Viza Cruz y le impuso una pena de cinco años de prisión. Su esposa, en tanto, recibió una condena de ejecución condicional.
Como la sentencia no se ejecutó hasta quedar firme, el hombre continúa cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario.
En las últimas semanas, solicitó autorización para salir de su vivienda y trabajar en su comercio de San Martín de los Andes. Aunque la fiscalía rechazó el planteo, la Secretaría de Ejecución del Tribunal Oral Federal avaló el pedido presentado por la defensa oficial.
De esta manera, Viza Cruz podrá abandonar su domicilio durante la mañana y la tarde para desarrollar tareas laborales en su negocio, mientras continúa cumpliendo la condena impuesta por la Justicia federal.
Fuente: Medios.
