El Senado sesionará este jueves desde las 11 para debatir una serie de iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional, entre las que se destaca el proyecto de propiedad privada que elimina restricciones para la compra de tierras rurales por parte de inversores extranjeros y establece un régimen de desalojos exprés para casos de usurpación.
La iniciativa, promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, forma parte del temario acordado entre el oficialismo y bloques dialoguistas, junto con el proyecto para cancelar deudas con acreedores externos y el tratamiento de pliegos judiciales.
Según informaron fuentes parlamentarias, la Cámara alta prevé avanzar con la aprobación de unos 50 pliegos para jueces, fiscales y defensores, mientras que otros expedientes, entre ellos el de María Verónica Michelli, quedarían para una próxima sesión.
Cambios en la compra de tierras
Uno de los puntos centrales del proyecto elimina los límites vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La propuesta establece que las provincias deberán autorizar estas operaciones cuando no intervengan estados extranjeros ni entidades controladas por gobiernos de otros países.
La prohibición continuará vigente para estados extranjeros, empresas con participación estatal extranjera mayoritaria y fondos fiduciarios integrados principalmente por recursos de gobiernos foráneos.
Cómo funcionarán los desalojos exprés
La iniciativa incorpora un procedimiento abreviado para recuperar inmuebles usurpados. En esos casos, los desalojos podrán tramitarse mediante un proceso más rápido que el actual.
Para los conflictos vinculados a contratos de alquiler se mantendrán las instancias de intimación previa. El propietario deberá notificar fehacientemente al inquilino y, ante el incumplimiento, podrá iniciar una acción judicial que se tramitará por el procedimiento más breve previsto por la legislación.
Modificaciones en expropiaciones
El proyecto también introduce cambios en el régimen de expropiaciones. La declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado tendrá que justificar expresamente las razones que fundamenten esa decisión.
Además, se fija un tope del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante y se establece que los intereses se calcularán tomando como referencia la inflación y la tasa del Banco de la Nación Argentina.
Cambios en la Ley de Manejo del Fuego
La propuesta deroga la restricción que impedía modificar durante 30 años el uso de tierras afectadas por incendios en zonas agropecuarias, pastizales y áreas periurbanas.
En el caso de los bosques nativos, continuará la prohibición de cambiar el uso de los terrenos incendiados, aunque se elimina el plazo de 60 años establecido por la legislación vigente.
Acuerdo con acreedores externos
El Senado también analizará un proyecto que autoriza al Gobierno a cancelar acuerdos alcanzados con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP por un total de 171 millones de dólares.
La iniciativa, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca cerrar litigios vinculados a títulos públicos en default y evitar nuevas acciones judiciales sobre activos argentinos.
El acuerdo contempla pagos por 67 millones de dólares a Bainbridge y 104 millones a Attestor, con plazo límite hasta el 30 de junio para concretar la cancelación y avanzar con el cierre definitivo de los litigios.
Fuente: Medios
