Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro busca modificar la actual Ley de Ética Pública para ampliar la información patrimonial obligatoria de los funcionarios, digitalizar las declaraciones juradas y habilitar el acceso ciudadano online a esos documentos.
La iniciativa fue impulsada por el presidente del bloque ARI, Javier Acevedo, y apunta a reformar la Ley 3550, vigente desde 2001, que actualmente establece un sistema de confidencialidad sobre las declaraciones patrimoniales de jueces, legisladores y funcionarios de los tres poderes del Estado provincial.
Hoy, la normativa indica que el Tribunal de Cuentas debe preservar bajo reserva esa información y solo permite acceder a las declaraciones en situaciones excepcionales, como pedidos judiciales, requerimientos de organismos impositivos o solicitudes de las máximas autoridades de cada poder.
En más de dos décadas de vigencia de la ley, hubo muy pocos antecedentes de apertura de declaraciones juradas. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2014, cuando la Justicia solicitó la documentación patrimonial del exministro Daniel Sartor en una causa por enriquecimiento ilícito, de la que posteriormente fue sobreseído.
La ley actual también contempla que los funcionarios puedan publicar voluntariamente sus declaraciones juradas y salarios en el Boletín Oficial, aunque esa posibilidad prácticamente no tuvo utilización. El único antecedente mencionado es el del exjuez del Superior Tribunal de Justicia, Luis Lutz, quien durante un período difundió públicamente sus ingresos y patrimonio.
La propuesta de Acevedo busca avanzar hacia un esquema de mayor transparencia y publicidad activa, similar al que ya aplican otras provincias y el Estado nacional.
“La democracia se sustenta en un contrato implícito de confianza entre la ciudadanía y sus representantes y funcionarios públicos, y exige de estos una conducta ética, transparencia y honestidad en la administración de los fondos y asuntos públicos”, sostuvo el legislador en los fundamentos del proyecto.
Entre los principales cambios, la iniciativa incorpora la obligación de declarar activos en criptomonedas, fideicomisos, fondos de inversión y participaciones comerciales o profesionales que puedan generar conflictos de intereses.
Además, las declaraciones juradas deberán presentarse en formato digital y publicarse en sitios oficiales del Estado provincial para facilitar el control ciudadano sobre la evolución patrimonial de los funcionarios.
“Consideramos que es oportuno y necesario efectuar modificaciones a nuestra Ley N° 3550, a fin de modernizarla, despejar cualquier grado de opacidad dándole la mayor transparencia y facilitar a la ciudadanía el acceso a la información del estado patrimonial de los funcionarios públicos”, afirmó Acevedo.
El proyecto también obliga a informar participaciones en sociedades, empresas, fundaciones y organizaciones, además de vínculos laborales, comerciales o profesionales mantenidos hasta dos años antes de asumir un cargo público cuando puedan configurar incompatibilidades.
En los fundamentos, el legislador menciona que provincias como Córdoba y Mendoza, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya avanzaron en mecanismos de acceso público a la información patrimonial para fortalecer las políticas de transparencia institucional.
“La publicidad adecuada de las declaraciones juradas no solo fortalece el control ciudadano, sino que también protege y respalda a los funcionarios honestos frente a sospechas infundadas”, sostiene el texto.
La iniciativa prevé, no obstante, resguardar determinados datos sensibles vinculados a la seguridad personal y familiar de los funcionarios, como la ubicación exacta de inmuebles, números de cuentas bancarias y datos filiatorios de menores.
Finalmente, Acevedo consideró que la reforma puede aportar “al fortalecimiento de la confianza pública, la calidad institucional y el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones democráticas”.
Fuente: Medios.
