El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentaría su declaración jurada patrimonial en los próximos días, en medio de las críticas por la demora en la difusión de sus bienes y mientras avanza una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
Desde el entorno del funcionario aseguraron que la documentación será presentada ante la Oficina Anticorrupción durante los primeros días de junio. La situación genera incomodidad tanto dentro del oficialismo como en sectores empresarios, que reclaman mayor transparencia para evitar un impacto político sobre el Gobierno de Javier Milei.
Uno de los pedidos públicos más recientes llegó desde el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, quien recomendó que el funcionario presente “lo más rápido posible” sus números patrimoniales para evitarle “problemas” a la administración nacional.
La demora también provocó tensiones internas dentro del oficialismo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó públicamente su malestar y pidió que Adorni informe su patrimonio cuanto antes. En la misma línea se manifestó la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien sostuvo que “todos” esperan la presentación de la declaración jurada.
La investigación judicial busca determinar si existe incompatibilidad entre los ingresos declarados por el funcionario y distintos movimientos patrimoniales realizados desde su llegada al Gobierno. Entre los bienes y gastos bajo análisis aparecen una vivienda en el country Indio Cuá, refacciones millonarias, alquileres en barrios privados, viajes al exterior y operaciones con criptomonedas.
Según trascendió en la causa, también se investiga la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito y una serie de gastos vinculados a viajes a destinos como Punta del Este, Nueva York y Aruba.
Además, el juez Ariel Lijo podría citar a indagatoria al funcionario en las próximas semanas en una causa vinculada a presuntas dádivas. El expediente investiga vuelos a Punta del Este que habrían sido pagados por el productor Marcelo Grandío, quien mantiene vínculos comerciales con la TV Pública.
En paralelo, también quedaron bajo análisis judicial detalles de una estadía familiar de Adorni en el hotel Llao Llao, cuya reserva habría sido gestionada por un empleado del grupo IRSA. La Justicia busca determinar si esos beneficios pueden ser considerados dádivas incompatibles con la función pública.
Fuente: Medios
