La medida quedó formalizada a través del decreto 701-2026 y apunta a dar respuesta al incremento de episodios conflictivos registrados en escuelas de toda la provincia durante los últimos años.
La ley, sancionada por la Legislatura neuquina en 2025, contempla mecanismos de prevención, protección, intervención y reparación frente a agresiones físicas, verbales, psicológicas o simbólicas sufridas por trabajadores del sistema educativo dentro o en contexto del ejercicio de sus funciones.
Este viernes, la ministra de Educación, Soledad Martínez, explicó que la reglamentación permite poner en funcionamiento los procedimientos previstos en la norma.
“Ahora cualquier docente que sea víctima de una situación de violencia comprendida en la ley puede activar estos mecanismos y nosotros debemos tener previstos los dispositivos de intervención”, señaló la funcionaria.
Qué situaciones contempla la ley
La reglamentación define como violencia cualquier acción u omisión intencional que provoque daño físico, psicológico, simbólico o moral a trabajadores de la educación.
Entre las conductas incluidas aparecen:
- Agresiones físicas directas
- Amenazas y violencia verbal
- Hostigamiento digital o mediático
- Acciones intimidatorias que afecten la dignidad o integridad del trabajador
Además, la normativa considera agravante que estos hechos ocurran frente a estudiantes debido al impacto que generan en la convivencia escolar y en la percepción del rol docente.
No obstante, aclara que no serán consideradas situaciones de violencia las críticas, reclamos o manifestaciones realizadas de forma respetuosa mediante vías institucionales.
Martínez remarcó que la ley apunta específicamente a hechos ocurridos dentro de establecimientos educativos y en ocasión del ejercicio de la docencia.
Protocolos, cámaras y capacitaciones
Uno de los ejes centrales de la reglamentación es la implementación de protocolos diferenciados según la gravedad del hecho y el contexto en el que ocurra.
Además, se prevé:
- Instalación de dispositivos de seguridad física y electrónica en escuelas
- Capacitaciones obligatorias para el personal educativo
- Jornadas institucionales de convivencia
- Espacios de orientación y contención
- Campañas de sensibilización dirigidas a familias y estudiantes
Desde el Ejecutivo provincial sostienen que el objetivo es fortalecer los vínculos escolares y generar herramientas preventivas antes de que los conflictos escalen.
Sanciones y actuación judicial
La normativa establece distintos ámbitos de intervención frente a hechos de violencia:
- Administrativo, mediante autoridades educativas
- Contravencional, con intervención de jueces de Faltas
- Penal, a través del Ministerio Público Fiscal
- Preventivo institucional, mediante equipos interdisciplinarios del Consejo Provincial de Educación
Las sanciones previstas incluyen multas, trabajo comunitario y arresto. En casos donde el agresor sea un agente estatal, también podrán aplicarse suspensiones sin goce de haberes, cesantías e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos por hasta cinco años.
Qué ocurre cuando intervienen menores
Cuando los hechos involucren a menores de edad, actuarán equipos interdisciplinarios del Consejo Provincial de Educación con un enfoque preventivo y restaurativo.
En esos casos, madres, padres o representantes legales deberán participar obligatoriamente de las instancias de abordaje y garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas.
La reglamentación también crea una Comisión Interinstitucional para la Prevención de la Violencia en el Ámbito Educativo, integrada por representantes del CPE, ministerios provinciales, gremios docentes y organismos vinculados a derechos sociales y niñez.
Fuente: Medios
