Una de las sanciones alcanzó a Mirta Marcela Andrés, quien integraba la planta permanente de la subsecretaría de Trabajo, dependiente del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.
Según consta en el expediente administrativo, el sumario en su contra se inició el 16 de agosto de 2024 luego de detectarse reiteradas inasistencias injustificadas. De acuerdo con la investigación, la agente faltó a su puesto de trabajo durante distintos períodos comprendidos entre marzo y junio de 2024, situación que derivó en la acusación de abandono de cargo.
La Junta de Disciplina de la administración pública provincial concluyó que la conducta de la trabajadora infringió las obligaciones establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo vigente para el área.
En el expediente se recordó además que los trabajadores estatales tienen la obligación de prestar servicios “con eficiencia, capacidad y dedicación adecuada”.
Desde la Provincia indicaron que durante el proceso se garantizó el derecho de defensa y el debido proceso administrativo, aunque finalmente la agente no logró justificar sus ausencias.
También cesantearon a una enfermera del Castro Rendón
La segunda cesantía recayó sobre Jennifer Belén Auad, quien se desempeñaba como enfermera en el Hospital Castro Rendón. En este caso, la investigación determinó que registró ausencias injustificadas durante distintos períodos de 2024, entre febrero y octubre.
Según el expediente, el Servicio de Salud Ocupacional del hospital informó que la agente no presentó certificados médicos correspondientes a las inasistencias investigadas.
“No justificó sus inasistencias, manteniendo un cuadro de incumplimiento persistente que evidencia desinterés manifiesto por el servicio”, señalaron en el documento oficial.
Además, se destacó que la conducta afectó el funcionamiento de un servicio esencial como el sistema público de salud, lo que habilitó la aplicación de una sanción expulsiva.
Desde el Ejecutivo provincial advirtieron que, si se comprueba que las ex agentes percibieron salarios sin prestar servicios, podrían activarse mecanismos administrativos para recuperar esos fondos.
En ese caso, también podría intervenir la Fiscalía de Estado para avanzar con las acciones correspondientes.
Fuente: Medios
