En una nueva ronda de negociaciones paritarias, el Ejecutivo provincial alcanzó un acuerdo con los sindicatos ATSA, UPCN, AGREMEDCh y SISAP, que establece un incremento del 8% sobre el salario básico, a pagarse en tres tramos entre mayo y julio. Si bien el entendimiento fue presentado como un avance en la recomposición salarial, puertas adentro persisten dudas sobre su impacto real frente a la inflación.
El convenio fue rubricado en Rawson con la participación de autoridades como el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate, el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, y el titular de Salud, Sergio Wisky, junto a representantes gremiales. Desde el oficialismo destacaron el acuerdo como parte de una política de recuperación progresiva del poder adquisitivo, aunque sin precisiones sobre cómo se sostendrá en el mediano plazo.
Uno de los puntos que generó mayor expectativa fue la confirmación del pago del arancelamiento hospitalario, que se efectivizaría en junio. Sin embargo, el anuncio no despeja del todo la incertidumbre en un sistema que arrastra problemas estructurales, como la falta de personal, condiciones laborales y salarios retrasados.
Además, se acordó la convocatoria a una mesa técnica el 18 de mayo para discutir el pase a planta de trabajadores contratados, uno de los reclamos históricos del sector. También se fijó una nueva instancia de paritarias en junio para revisar adicionales específicos, mientras que el tema de las horas de guardia quedó sujeto a una auditoría previa.
En paralelo, el Gobierno convocó a los gremios a formalizar el Convenio Colectivo de Salud el próximo 14 de mayo, incluyendo la incorporación de AGREMEDCh. No obstante, más allá de los avances formales, el acuerdo deja en evidencia un esquema de negociación que avanza por tramos y que, para muchos trabajadores, aún no logra resolver el desgaste del sistema sanitario.
Así, el cierre paritario trae alivio parcial, pero también expone una realidad: la discusión salarial sigue abierta y condicionada por un contexto económico que obliga a revisiones constantes y mantiene en tensión a uno de los sectores más sensibles del Estado.
