La Legislatura de Río Negro sancionó una profunda reforma a la ley de farmacias, con el objetivo de actualizar el sistema a las nuevas demandas tecnológicas, sanitarias y económicas.
La norma introduce cambios estructurales en el funcionamiento del sector, con eje en la modernización digital, la desregulación comercial y la ampliación del acceso a medicamentos en todo el territorio provincial.
Uno de los puntos más relevantes es la implementación de la receta electrónica obligatoria, que reemplazará progresivamente al formato en papel. Además, se incorpora la “prescripción diferida”, que permitirá a pacientes con tratamientos crónicos acceder a recetas mensuales por hasta seis meses, reduciendo trámites y consultas médicas reiteradas.
La ley también formaliza la telefarmacia, habilitando la atención a distancia, y autoriza la entrega de medicamentos a domicilio. Sin embargo, establece una restricción clave: el reparto deberá ser realizado exclusivamente por la farmacia, quedando prohibida la utilización de servicios de cadetería externos, con el fin de garantizar la trazabilidad y la seguridad sanitaria.
En materia de regulación territorial, se flexibiliza la instalación de nuevos locales, aunque con límites: se fijan distancias mínimas de 200 metros en localidades pequeñas y 400 metros en ciudades más grandes. También se establece que los traslados no podrán superar los 200 metros respecto de la ubicación original.
Otro cambio central es la modificación del régimen de propiedad. Las farmacias podrán ser gestionadas por personas humanas o jurídicas, incluyendo sociedades como SRL, cooperativas y mutuales, pero se excluye expresamente a las sociedades anónimas, uno de los puntos más debatidos durante el tratamiento legislativo.
La normativa mantiene la obligatoriedad de contar con un director técnico farmacéutico y contempla excepciones para zonas con escasez de profesionales, donde un mismo farmacéutico podrá asumir más de una dirección.
Asimismo, se amplían las facultades de la Productora Farmacéutica Rionegrina Sociedad del Estado, que podrá proveer medicamentos directamente tanto a farmacias como a la población, mediante convenios.
El debate dejó en evidencia tensiones entre quienes impulsan un modelo de mayor apertura y quienes advierten sobre el riesgo de mercantilización del medicamento, aunque finalmente el proyecto fue aprobado con modificaciones sobre la marcha.
La implementación efectiva de la ley dependerá ahora de su reglamentación, que deberá definir los plazos y condiciones para la adaptación del sistema.
