La maniobra fue detectada el pasado 22 de abril por la Sala I de la Cámara Provincial de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia de Zapala, que encontró al menos cinco citas de jurisprudencia inexistentes en un recurso de apelación. Ante esta circunstancia, la justicia decidió remitir las actuaciones al Colegio de Abogados de Cutral Co para que evalúe la conducta del letrado involucrado.
El expediente se originó en una demanda laboral iniciada por Yoselin María José Almanza contra Video Drome SA por despido y cobro de haberes. La sentencia de primera instancia, dictada en diciembre de 2025, reconoció la existencia de una relación laboral y condenó a la empresa a pagar la indemnización correspondiente..
La demandada apeló, y fue en ese recurso donde apareció el problema. Al revisar el memorial de agravios, el vocal Manuel Castañón López advirtió que varios de los fallos citados como respaldo jurídico simplemente no existían.
Un abogado con prontuario
De acuerdo a la información, el abogado en cuestión es Antonio González Sad, que ya tiene un amplio prontuario en la justicia.
González Sad fue acusado y condenado en 2013 por estafas procesales. En aquel entonces recibió una pena de 2 años y 8 meses de prisión efectiva y el mismo período de inhabilitación para usar su título. Asimismo, el abogado registra una sentencia condenatoria que data del año 2003.
El mediodía del 23 de agosto de 2013, la fiscalía a cargo de Santiago Terán solicitó 10 años de prisión efectiva, mientras que la defensora Marisa Mauti pidió la absolución.
Finalmente, el tribunal presidido por Alejandra Barroso e integrado por Pablo Furlotti y Dardo Troncoso determinó que el abogado sea condenado como autor material y penalmente responsable del delito de estafa procesal de tres hechos (dos en grado de tentativa y uno consumado en concurso real) a la pena de 2 años y 4 meses de prisión efectiva.
Además, al letrado imputado se le revocó la condicionalidad de la pena impuesta en el 2003 por estafas procesales, por lo cual se le unificaron ambas causas y se le impuso un castigo de prisión efectiva de 2 años y 8 meses.
Inhabilitado para ejercer
En ese momento, González Sad fue inhabilitado para ejercer su título de abogado por el mismo tiempo de la condena. El tribunal también dispuso la prisión preventiva de González Sad, por lo cual se ordenó la inmediata captura y detención.
El caso reciente se suma a una lista que crece en la justicia argentina: profesionales que delegan en la IA la búsqueda de jurisprudencia sin verificar los resultados, con consecuencias que van desde la desestimación del recurso hasta sanciones éticas que pueden comprometer el ejercicio de la profesión.
Fuente Medios
