La Justicia avanza en la investigación por la muerte de Alejandro Zalazar, quien falleció por una sobredosis de propofol y fentanilo, con foco en el análisis de su teléfono celular y en nuevas pruebas recolectadas en distintos allanamientos.
El dispositivo fue hallado junto al cuerpo en su departamento del barrio porteño de Palermo y se encuentra bloqueado. Por este motivo, se solicitó la intervención de especialistas del Ministerio Público Fiscal para intentar acceder a su contenido, considerado clave para reconstruir sus últimos movimientos y posibles vínculos con las denominadas “fiestas controladas”.
La autopsia determinó que Zalazar murió a causa de una congestión y edema pulmonar, junto con edema meningoencefálico, producto del consumo de los anestésicos. En el lugar también se hallaron insumos médicos, entre ellos una vía que pertenecería al Hospital Italiano, lo que dio origen a una investigación paralela por el presunto robo de fármacos.
En ese contexto, la causa tiene dos imputados: Hernán Boveri y Delfina Lanusse, señalados por su posible participación en la obtención y distribución de los medicamentos.
Como parte de las medidas judiciales, se realizó un allanamiento en la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, donde se secuestró documentación relevante. Entre los elementos incautados figuran actas que registran reuniones con los profesionales involucrados, además de información aportada por la propia entidad, que se presentó como denunciante en la causa.
Desde la institución señalaron que colaboran con la investigación y que ya habían puesto a disposición de la Justicia los registros de encuentros mantenidos en su ámbito, aunque aclararon que no cuentan con información sobre la vida privada de los implicados.
En paralelo, durante otros operativos se incautaron cajas con tubos de anestesia, jeringas, celulares y computadoras, en el marco de una causa que busca determinar cómo los fármacos habrían salido del circuito hospitalario para su uso indebido.
El caso se inició tras la muerte del anestesista, que generó alarma en el sistema de salud y derivó en una investigación más amplia sobre el manejo y control de medicamentos de uso hospitalario. Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo pruebas para esclarecer las circunstancias del hecho y las posibles responsabilidades penales.
Fuente: Medios
