El pliego de licitación para la contratación del servicio de disposición final de residuos sólidos urbanos en Bariloche será tratado esta semana en el Concejo Municipal, en medio de un debate previo centrado en aspectos legales y en la cantidad de votos requeridos para su aprobación.
La iniciativa, presentada por el intendente Walter Cortés, prevé una inversión cercana a los 45.000 millones de pesos para ejecutar obras y operar durante diez años el sistema de tratamiento de residuos, con el objetivo de reemplazar el actual basural a cielo abierto por un esquema de relleno sanitario.
El proyecto tomó estado parlamentario la semana pasada, luego de que no prosperara un intento de tratamiento exprés durante el período extraordinario. En la comisión de Gobierno y Legales obtuvo dictamen, aunque tres concejales —Roxana Ferreyra (Nos Une), Laura Totonelli (JSRN) y Lucas Pérez (Bariloche Suma)— votaron en reserva a la espera de mayores precisiones y posibles modificaciones.
Hasta el momento, el oficialismo es el único bloque que confirmó su acompañamiento, mientras que el concejal Facundo Villalba, de Primero Río Negro, adelantó su rechazo.
En paralelo, los concejales de Incluyendo Bariloche, Julieta Wallace y Leandro Costa Brutten, plantearon una objeción jurídica y solicitaron la suspensión del tratamiento legislativo. El planteo gira en torno a cómo debe ser considerado el pliego: si como una contratación habitual del municipio o como la concesión de un servicio público esencial, lo que modificaría las condiciones de aprobación.
Desde el Ejecutivo municipal, con respaldo del partido PUL, sostienen que se trata de una licitación común que requiere mayoría simple. En la misma línea se expresó el asesor letrado del Concejo, Gonzalo Ojeda, quien en un dictamen ampliado indicó que el gasto ya fue contemplado en el Presupuesto 2026, que el servicio es “complementario” y que no implica delegación de funciones. Además, remarcó que al tratarse de una contratación por menos de 15 años, no exige mayorías especiales.
Por el contrario, Wallace y Costa Brutten consideran que el pliego encuadra como un servicio público, ya que incluye no solo la obra sino también la operación, mantenimiento, tratamiento y disposición final de los residuos. En ese caso, afirman, se requeriría una mayoría especial de ocho votos y la realización de una audiencia pública previa.
Los concejales opositores también señalaron que la iniciativa carece de “licencia social” y no resuelve la localización definitiva del basural, un punto contemplado en una ordenanza de 2023 y actualmente judicializado.
En su planteo, además, advirtieron sobre “inconsistencias” en el pliego, algunas de ellas mencionadas en un dictamen previo del asesor legal, vinculadas a la falta de definiciones técnicas, la ambigüedad sobre si se trata de una obra pública o una concesión, y la ausencia de información clave como planos, cantidad de celdas y el detalle del presupuesto.
Fuente: Medios
