El Gobierno de Río Negro informó que durante los primeros meses de 2026 se aplicaron nuevas sanciones disciplinarias a empleados públicos por distintas faltas graves. Las medidas fueron resueltas por la Junta de Disciplina y forman parte de la política de control interno que busca garantizar el correcto funcionamiento de la administración pública.
De acuerdo con los datos oficiales, en lo que va del año se dictaron dos cesantías, once suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos. Desde la Provincia señalaron que estas decisiones responden a la necesidad de sostener estándares de responsabilidad dentro del Estado y proteger los recursos públicos.
El trabajo del organismo disciplinario también refleja un aumento en la actividad administrativa. Desde enero de 2024 se analizaron más de mil expedientes, lo que permitió acelerar resoluciones que en años anteriores acumulaban demoras. Según el balance oficial, el ritmo de decisiones se duplicó respecto de períodos previos.
Como resultado de ese proceso de revisión, desde el inicio de la actual gestión se dictaron 94 cesantías, seis exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. En paralelo, 77 agentes fueron absueltos luego de las investigaciones correspondientes.
La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, sostuvo que el objetivo es fortalecer la calidad del servicio estatal. “Tenemos el mandato de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso implica reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandono del servicio, siempre con procesos transparentes”, afirmó.
Qué faltas se investigan
Las actuaciones disciplinarias abarcan distintas irregularidades dentro del ámbito laboral del Estado. Entre las más frecuentes se encuentran ausencias injustificadas, incumplimientos de tareas, negligencia en el manejo de insumos públicos o conflictos entre compañeros de trabajo que derivan en denuncias por malos tratos o agresiones.
Cuando las faltas son más graves, la normativa prevé sanciones más severas. La cesantía implica la desvinculación del agente con la posibilidad de volver a ingresar al Estado recién después de cinco años. En cambio, la exoneración representa la sanción máxima, ya que supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos.
Cómo se aplican las sanciones
Las medidas disciplinarias se determinan a partir de sumarios administrativos. Cuando se detecta una posible irregularidad, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elaboran un informe que luego es evaluado por la Junta de Disciplina.
Este organismo está integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales de los gremios estatales ATE y UPCN, quienes analizan cada caso antes de emitir una resolución. La legislación provincial establece una escala progresiva de sanciones que puede ir desde apercibimientos y suspensiones hasta cesantías o exoneraciones, según la gravedad de la falta.
Fuente: Medios.
