El Gobierno nacional prorrogó por un año el plazo de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) e incorporó nuevas actividades del sector de petróleo y gas. La decisión se formalizó mediante el Decreto 105/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial de la República Argentina.
La medida había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien señaló que la prórroga busca “hacer más claro y eficiente” el régimen. Con la modificación, las empresas podrán adherirse hasta el 8 de julio de 2027, cuando originalmente el plazo vencía este año.
Según explicó el funcionario, se sumaron nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de US$600 millones y se ordenó la reglamentación para facilitar la implementación y dar mayor previsibilidad. Caputo destacó que desde la puesta en marcha del régimen ya se aprobaron 10 proyectos por US$25.479 millones y que hay otros en evaluación.
El decreto también incorporó dentro del RIGI la explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro, con un monto mínimo de inversión de US$600 millones en activos computables.
Para las actividades costa afuera, la norma alineó el umbral mínimo del subsector exploratorio y productivo en US$200 millones, en función del perfil de riesgo, la intensidad de capital y los plazos propios de este tipo de proyectos.
Además, la normativa introduce cambios para simplificar la implementación del régimen. En ese marco, actualiza definiciones para precisar qué proyectos califican y evitar interpretaciones ambiguas, con el objetivo de asegurar que los beneficios se apliquen a inversiones nuevas y de gran escala.
También redefine el concepto de “nuevo producto” para contemplar las particularidades del sector tecnológico, donde los ciclos de vida suelen ser más breves y las innovaciones no siempre implican mayores volúmenes de producción.
El texto establece reglas más claras para que empresas que ya operan en el país puedan adherir ampliaciones relevantes, reforzando los mecanismos de separación y trazabilidad cuando conviven distintas actividades dentro de una misma estructura.
En paralelo, el Ejecutivo ordenó los procedimientos vinculados a proveedores e importaciones asociadas a los proyectos, con el objetivo de mejorar los controles, reducir la discrecionalidad y dar mayor previsibilidad a los inversores. Entre los principales beneficios del RIGI se incluyen la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la exención de derechos de exportación, la posibilidad de deducir el IVA desde la etapa previa al inicio de operaciones y la habilitación de mecanismos de arbitraje internacional para resolver controversias.
Fuente: Medios
