La política neuquina volvió a recibir esta semana una señal contundente: la tolerancia cero no es un eslogan, es una práctica que llegó para quedarse. Bajo la gestión de Rolando Figueroa, el principio de “el que las hace, las paga” dejó de ser una consigna para transformarse en una línea de acción sostenida, que ya acumula dos años de despidos de ñoquis, indisciplinados y agentes que no cumplían con su deber.
Desde diciembre de 2023, la provincia inició un proceso de saneamiento interno que incomodó a muchos, pero que encontró un amplio respaldo social. No se trató solo de depurar la planta estatal, sino de enviar un mensaje claro: el Estado no puede ser refugio de privilegios ni aguantadero de viejas prácticas. En ese marco, cada cesantía fue una demostración de que la administración pública ya no es tierra liberada.

El caso conocido esta semana tiene un condimento especial. El despedido fue Nicolás Evaristo Salvatori, hijo del exgobernador Pedro Salvatori. No se trata de un nombre cualquiera en la historia política provincial, y justamente por eso el episodio adquiere un valor simbólico mayor: ni los apellidos ni los antecedentes familiares funcionan como salvoconducto frente a un Estado que decidió ordenar su casa.
Las pruebas que sostuvieron la cesantía son tan simples como contundentes. Registros biométricos, filmaciones y auditorías internas mostraron una conducta reiterada: fichar y retirarse sin trabajar, durante un período prolongado. La implementación de sistemas de control con huella digital -una innovación impulsada por la actual gestión- dejó al descubierto prácticas que antes eran vox populi pero difíciles de probar.
El trasfondo político también es ineludible. Estos mecanismos de control no solo buscan eficiencia administrativa, sino que desmantelan los vicios acumulados durante décadas. La tolerancia cero se transformó así en una herramienta para romper con la lógica de impunidad que sobrevivía en los pasillos del Estado.

La investigación ahora apunta a determinar si el agente cobró sueldos sin trabajar. De confirmarse, se activará el recupero de esos fondos y, de ser necesario, intervendrá la Fiscalía de Estado. Incluso se mencionó que el involucrado estaba próximo a jubilarse a través del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), lo que refuerza la gravedad del caso: no solo se habría abusado del sistema, sino que se intentaba cerrar el ciclo sin rendir cuentas.
Este episodio ratifica que en Neuquén el cambio no fue cosmético. La tolerancia cero es política pública. Y cuando el castigo alcanza incluso a los herederos del poder, el mensaje se vuelve más claro: la era de los ñoquis vip quedó definitivamente atrás. En tiempos donde la sociedad exige coherencia, Neuquén vuelve a mostrar que la autoridad se ejerce con hechos y no con discursos.

