En un respaldo sin precedentes, más de 30 intendentes y jefes comunales de Chubut formalizaron su adhesión a la querella judicial impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, que investiga denuncias de presuntos sobornos destinados a generar conflictos y obstaculizar el comienzo del ciclo lectivo 2026.
A través de un comunicado conjunto, las autoridades municipales expresaron su apoyo contundente a la investigación y exigieron que avance “hasta las últimas consecuencias” para esclarecer qué intereses están detrás de estos hechos que amenazan el derecho a la educación.
En el documento, los mandatarios locales recordaron las dificultades vividas durante los años en que los estudiantes no pudieron asistir a clases y manifestaron su rechazo categórico a cualquier intento de repetir esa situación que perjudicó a miles de familias chubutenses.
Duras críticas al sector empresarial
Los intendentes apuntaron directamente contra “empresarios que se enriquecieron usufructuando recursos públicos”, a quienes acusaron de intentar tomar como rehenes a los estudiantes para impedir el inicio del año escolar.
En este sentido, solicitaron al gobernador profundizar la colaboración entre la provincia y los municipios para proteger los recursos públicos y eliminar las prácticas irregulares en sectores estratégicos del desarrollo provincial.
Defensa de la transparencia y la educación
Desde el gobierno provincial valoraron el respaldo de los intendentes como una señal de unidad institucional frente a intentos de desestabilización que afecten el derecho a la educación de los niños y jóvenes chubutenses.
El Ejecutivo provincial remarcó que Chubut atraviesa una etapa de orden y transparencia, y advirtió que no habrá retrocesos hacia esquemas donde prevalecían intereses particulares sobre el bien común.
“La educación de nuestros chicos y la institucionalidad de Chubut no se negocian”, enfatizaron desde el gobierno, reafirmando el compromiso con la investigación judicial hasta sus últimas consecuencias.
La querella representa un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en el sector educativo provincial, con un frente político y social unificado en defensa de la transparencia y el derecho de los estudiantes a asistir a clases sin condicionamientos.
