La discusión por la baja de la edad de imputabilidad volvió al centro de la agenda parlamentaria y abrió un nuevo frente de debate en el ámbito judicial. Desde Neuquén, el fiscal de Delitos Juveniles del Ministerio Público Fiscal, Germán Martín, planteó reparos al proyecto del Gobierno nacional y reclamó una instancia de análisis más amplia y federal.
El funcionario se refirió al tratamiento que el oficialismo busca impulsar en la Cámara de Diputados para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. En las últimas horas, además, el Ejecutivo retiró un dictamen que contemplaba llevarla incluso a 13.
Martín consideró que la iniciativa fue presentada con escasa discusión técnica y sin una consulta suficiente a las jurisdicciones. “Es una propuesta apresurada y con poco intercambio federal. Las provincias que venimos trabajando en el sistema penal adolescente podríamos haber aportado experiencia”, señaló.
El fiscal recordó que el año pasado ya se había impulsado un proyecto que fijaba la edad en 13 años, aunque no avanzó por problemas técnicos. Más tarde se acordó en comisiones un texto que establecía los 14 años como nuevo límite, pero perdió estado parlamentario.
A su entender, el renovado impulso a la reforma está vinculado a casos de fuerte repercusión pública más que a un análisis estadístico. “No hay evidencia que demuestre que endurecer la respuesta penal a edades más tempranas disminuya el delito”, sostuvo.
También cuestionó los cambios de último momento en el Congreso. “Se presenta un dictamen y al día siguiente se retira. Los diputados prácticamente conocen el texto el mismo día del debate. Esa dinámica genera preocupación”, afirmó.
En relación con la situación provincial, Martín indicó que la participación de adolescentes en el total de delitos es baja. “En Neuquén no supera el 4% anual, y los casos que involucran a chicos de 14 y 15 años son aún menos”, detalló. Por eso, insistió en que la discusión debería apoyarse en información empírica y no en percepciones sociales derivadas de hechos aislados.
El fiscal advirtió además que una eventual reducción de la edad tendría efectos concretos sobre los recursos provinciales. “Si se amplía la franja etaria, el sistema va a recibir más casos. Eso implica más operadores, más dispositivos y más presupuesto. Para Nación es sencillo porque no afronta el costo directo, pero las provincias sí”, remarcó.
También puso en duda la eficacia de priorizar el encierro como respuesta. “Es una medida costosa y no necesariamente mejora las trayectorias de los jóvenes. Muchas veces refuerza dinámicas delictivas”, expresó.
Martín planteó que el eje debería estar en la prevención y en un abordaje integral. “Hay que fortalecer la libertad asistida, trabajar en salud mental, en consumos problemáticos, en educación y en las causas estructurales del delito”, enumeró.
En ese sentido, señaló que en Neuquén la libertad asistida funciona únicamente en la capital y que en el interior no existe un fuero especializado, por lo que muchos casos terminan en la justicia de adultos.
El fiscal aclaró que no adopta una postura cerrada frente a la reforma, pero sí reclamó mayor profundidad en el análisis. “No se trata de estar a favor o en contra, sino de discutir con evidencia, con participación de las provincias y con recursos adecuados. Hay experiencias internacionales que muestran alternativas al encierro”, concluyó.
Fuente: Medios
