Un movimiento de suelo de gran escala y sin explicación oficial encendió las alarmas en el istmo del lago Mari Menuco, donde apareció una intervención visible, planificada y reciente sobre una playa completamente virgen, ubicada en un sector aislado y de altísimo valor paisajístico. Hasta el momento, no existen permisos ambientales conocidos, ni registros de habilitaciones para obras o desarrollos inmobiliarios en el lugar.
La intervención incluye un desmonte de aproximadamente una hectárea, la apertura de un camino que desciende hasta la costa y la colocación de una superficie de pedregullo, similar a una base preparada para una construcción o un parador. Todo esto se realizó en una playa sin servicios, sin infraestructura y fuera de cualquier área autorizada para urbanización.
El sitio exacto se encuentra en el sector sur del istmo que divide el embalse de Los Barreales del lago Mari Menuco, específicamente en su lado este. El acceso no es sencillo: por agua, el punto está a unos 10 kilómetros de la Villa del lago Mari Menuco; por tierra, el recorrido se extiende a 18 kilómetros, ingresando por la zona de Los Barreales, cruzando la represa y transitando caminos de ripio y tierra.
La traza abierta resulta aún más llamativa porque el acceso terrestre es accidentado y mayormente utilizado por vehículos de las empresas petroleras. En ese contexto, sorprende que alguien haya movilizado toneladas de suelo, abierto un camino hasta la costa y colocado incluso una tranquera para restringir el ingreso.
La ubicación del desmonte es particularmente sensible, ya que se encuentra muy cerca de la concesión La Angostura Sur II, dentro del área de influencia de la actividad no convencional de YPF. Sin embargo, desde el Gobierno provincial descartaron de plano que se trate de una intervención vinculada a la industria hidrocarburífera.
La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, confirmó que no existe ningún permiso ambiental vigente asociado a ese movimiento de suelo, ni autorizaciones para desmontes ni para obras de ningún tipo. Ante esta situación, el Ejecutivo provincial dispuso una fiscalización urgente para determinar qué tipo de intervención se realizó y quiénes son los responsables.
Un territorio con antecedentes de conflicto
El sector intervenido no es ajeno a disputas previas. En su momento, estas tierras fueron reclamadas por la comunidad mapuche Kaxipayiñ, aunque finalmente no quedaron incluidas en los planos de reconocimiento territorial aprobados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Se trata, por lo tanto, de tierras fiscales provinciales, una condición que, según distintas fuentes, las dejó durante años en una suerte de limbo administrativo, expuestas a avances irregulares y especulación.
Hace unos 15 años, este mismo sector del istmo fue escenario de un ambicioso proyecto: más de 600 hectáreas estaban destinadas a un desarrollo urbanístico que incluía viviendas, hoteles, clubes de campo y espacios recreativos. La iniciativa se canalizó mediante un fideicomiso, a través del cual diversas entidades adquirieron tierras fiscales a cambio de realizar las inversiones. Sin embargo, el conflicto territorial frustró el plan y los socios fueron reubicados en Villa El Chocón.
El problema estructural del perilago
El caso del istmo de Mari Menuco vuelve a exponer un problema estructural en el manejo del perilago, donde la posesión de la tierra y la regularización dominial siguen siendo difusas en varios sectores.
Situaciones similares se registran en Puesto Ibáñez, donde conviven un camping con mensuras formales y pobladores que, pese a estar organizados, no acceden al título de propiedad. Allí, incluso, se produjeron ventas y loteos sin regularización completa. Algo parecido ocurrió en Bahía Bonita, donde numerosas personas adquirieron tierras en un marco de escasa claridad legal, un conflicto que aún no se resolvió del todo.
En otras áreas del lago Mari Menuco la situación es distinta. Existe, por ejemplo, un club con personería jurídica, fundado por pescadores de Centenario, Neuquén capital y Cipolletti, que cuenta con tierras escrituradas y reconocimiento legal. Aun así, restan unas 200 hectáreas pendientes de incorporación catastral, un retraso que mantiene abiertas zonas grises.
En ese contexto, el desmonte en una playa aislada, sin permisos y de acceso complejo, dispara interrogantes de fondo. Mientras la Provincia avanza con las inspecciones, el episodio deja una señal inquietante: la percepción de que, en ciertos territorios, cualquiera se anima a avanzar más allá de la ley.
Fuente: Medios.
